Todo comenzó a partir de una denuncia realizada por un grupo de vecinos que aseguraron haber sido extorsionados por integrantes de la comisaría 3a. y en presencia de una fiscal del Departamento Judicial Quilmes, a quienes las fuentes identificaron como Ximena Santoro, titular de la UFI 7 de ese distrito. Voceros de la fuerza informaron que los policías les exigían una importante suma de dinero para cambiar una carátula que los imputaba por el delito de "trata de personas". Los denunciantes sostuvieron, además, que fueron golpeados y amenazados por los uniformados frente a la representante del Ministerio Público Fiscal bonaerense. Según la investigación realizada por Asuntos Internos, esta situación se repitió en al menos cinco allanamientos y se registraron denuncias contra los mismos efectivos, mientras que también coincidió la fiscal a cargo de esos expedientes. Los policías desafectados fueron identificados como el oficial principal Hugo Coll; los oficiales Diego Appella, Víctor Tévez, Jonatan Ocampo, y el teniente Claudio Lugones En tanto, el ministro Cristian Ritondo había denunciado a la cuestionada fiscal en octubre del año, por supuestamente favorecer a operadores de juego clandestino.