El informe ratifica un patrón histórico invariable: los entornos que tendrían que asegurar protección continúan consolidándose como los más peligrosos para las mujeres. El 86% de las agresiones fueron cometidas por personas del círculo previo de la víctima, concentrándose la mayoría en parejas y exparejas, y desarrollándose predominantemente en el ámbito privado: la mayoría de los hechos ocurrieron en el domicilio compartido y en la vivienda de la víctima. El apuñalamiento y el uso de armas de fuego se posicionaron como las principales modalidades.

La dimensión del flagelo se extiende de manera dramática hacia las infancias, dejando a 79 niños y niñas sin madre en este período. Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo hace un enérgico llamado de atención sobre las severas falencias estructurales y trabas administrativas que están obstaculizando el acceso oportuno a la reparación económica de la Ley N.º 27.452 (Ley Brisa), dejando a decenas de menores desprotegidos. Asimismo, se reportó el agravante de que 2 de las mujeres asesinadas se encontraban embarazadas.

En términos territoriales, si bien la provincia de Buenos Aires encabeza el registro en números absolutos con 29 casos (19 menos que en el mismo período de 2025), el análisis cambia sustancialmente al calcular las tasas según la población femenina (Censo 2022). Bajo esta perspectiva de impacto poblacional, el índice más alto y alarmante del país lo presenta Santiago del Estero, seguida en orden decreciente por Entre Ríos y Santa Fe. Respecto de los 105 atacantes identificados, la mayor concentración se situó entre los 31 y 50 años, registrándose además que 5 pertenecen o pertenecieron a fuerzas de seguridad, 3 actuaron como sicarios y se constató una suba del 10% en femicidas que se quitaron la vida tras el hecho.