A 16 años de la Masacre de Quilmes familiares exigen prisión efectiva para los responsables

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A 16 años de la denominada «Masacre de Quilmes», en la que cuatro adolescentes murieron en un incendio iniciado en los calabozos de la Comisaría 1° durante un motín a raíz de torturas a las que habían sido sometidos, los familiares de las víctimas reclaman que los 10 policías condenados cumplan prisión efectiva, mientras esperan el inicio del proceso a otra oficial que aún no fue juzgada.

«Necesitábamos justicia y la logramos después de mucha lucha pero es injusto que estén con prisión domiciliaria y no en una cárcel», dijo a Télam Elvia González, madre de Diego Maldonado (15), quien murió junto a Elías Giménez (15), Miguel Aranda (17) y Manuel Figueoa (17) tras el incendio originado el 20 de octubre de 2004 en la dependencia situada en Alem y Sarmiento, en pleno centro de Quilmes.

«Pensé que no lo íbamos a lograr porque había otros casos similares y terminaban sobreseídos. Los jueces me cerraron la boca porque gracias a Dios fueron juzgados», agregó la mujer al referirse a los 10 policías que en 2015 fueron condenados en un juicio oral y que en 2018 recibieron una reducción de sus penas por la Cámara de Casación Penal.

No obstante, como las condenas no están firmes, ninguno está en prisión.

Por su parte, Tobías Corro Molas, referente social del barrio Villa Itatí, donde vive González, y quien acompañó durante todo el proceso a las familias de los adolescentes fallecidos, dijo a Télam que fue «el empoderamiento de las madres» lo que llevó a que se logre una condena y a que ahora se reactive un segundo proceso a una policía que no fue juzgada en el primer debate.

«Es una muestra de la continuidad de la lucha», dijo sobre el juicio que está previsto y al que llegará una policía que inicialmente no había sido imputada y que en el debate fue involucrada por testigos.

La «Masacre de Quilmes» 

Ocurrió en la noche del 20 de octubre de 2004 cuando policías ingresaron a las dos celdas de la comisaría 1ra. de esa localidad, que alojaba a 17 adolescentes, a quienes golpearon y sometieron a torturas.

En reclamo, los detenidos iniciaron un incendio y motín, que derivó en la muerte de los cuatro jóvenes.

La madre de Maldonado aseguró que su hijo estaba detenido «por error», ya que la policía buscaba a otro chico con el mismo nombre que tenía pedido de captura y que como era adicto al paco le había pedido a la Justicia que le buscara «un lugar piola donde pudiera dejar de consumir por su mamá y su abuela».

«Diego era muy bonito, se mandaba sus macanas pero con nosotros, le robaba solo a la familia. Siempre que lo detuvieron fue por averiguación de antecedentes», agregó la mujer acongojada.

González recordó que tras el pedido que hizo para poder dejar de consumir, la jueza de Garantías decidió dejarlo alojado en la comisaría de Quilmes, ya que iba a estar a resguardo.

Maldonado fue el primero que falleció -el 21 de octubre- tras el incendio, mientras que el día siguiente murió Figueroa; el 25 de octubre, Giménez, y el 11 de noviembre, Aranda.

La mujer dijo que su hijo, al igual que Maldonado, era adicto al paco y que había sido detenido tras una denuncia de una vecina, a quien le había robado una bicicleta.

«Dijeron que era peligroso para los demás y lo dejaron ahí para que se recuperara de las drogas hasta conseguir un cupo en un centro de rehabilitación. Al otro día de morir nos dijeron que había cupos para los chicos», recordó con la voz quebrada.

Por las torturas y el incendio, se encuentran sentenciados a penas de entre 3 y 16 años el excomisario Juan Pedro Soria, el subcomisario Basilio Vujovic, el oficial inspector Fernando Pedreira, el cabo Hugo D´Elia, los agentes Franco Góngora, Gustavo Altamirano y Elizabeth Fernanda Grosso, y los oficiales Gustavo Ávila, Héctor Jorge Gómez y Juan Carlos Guzmán.

Tras ese debate y gracias a las declaraciones aportadas por testigos que fueron buscados «casa por casa» por los familiares de las víctimas, la oficial Romina Guaquinchay fue señalada como una de las policías que también estaba en la dependencia al momento de los hechos y que hasta entonces no había sido imputada.

Guaquinchay, en ese momento embarazada de siete meses, habría formado parte, según testigos, de un cordón policial que apaleó a las víctimas cuando salían de las celdas quemadas y se dirigían a las duchas, y no habría hecho nada para detener las torturas.

En la causa en la que ahora está acusada y por la que será llevada a juicio, al menos tres testigos la mencionaron con un palo en la mano.

Los familiares esperan que esta oficial «sea condenada al igual que sus compañeros», dijo Corro Molas.

«Queremos que sea condenada y que su participación no quede impune. A diferencia del 2015, el delito está probado y hay tres testigos que la ubican en el lugar y que la vieron pegar», concluyó.

El hecho que llevó a prohibir alojar adolescentes en comisarías bonaerenses

La «Masacre de Quilmes», a raíz de la cual cuatro jóvenes murieron al incendiarse la comisaría primera de esa localidad bonaerense en 2004, llevó a las autoridades a cargo del área de Seguridad provincial a prohibir el alojamiento de adolescentes en dependencias policiales de la provincia.

La decisión fue tomada por el entonces ministro de Seguridad bonaerense, León Arslanián, tras el motín seguido de incendio que iniciaron 17 chicos que habían sufrido torturas policiales en los calabozos de la seccional, cuatro de los cuales murieron.

A través de la resolución 1623/04, del 29 de octubre de 2004, se prohibió a la policía «realizar detenciones de menores que fueren motivadas en razones asistenciales» y, en caso de que fuera por algún delito, deberán ponerlos «inmediatamente a disposición del Juez competente y derivarlo a dependencias que por ley estén específicamente destinadas para el alojamiento de aquellos».

La normativa fue dispuesta nueve días después del episodio ocurrido el 20 de octubre de 2004, cuando policías ingresaron a las celdas donde se alojaba únicamente a 17 jóvenes, siete de ellos en un calabozo y los restantes en otro.

Los policías los hicieron desnudarse y los golpearon, lo cual era una «práctica sistemática», según declararon en el juicio varios testigos, quienes añadieron que los detenidos eran obligados a pelearse entre sí y los uniformados «apostaban» a ver quién ganaba.

Esa noche, un oficial le dijo a Diego Maldonado (15), una de las posteriores víctimas del incendio, que su hermanita de dos años había muerto -lo cual era falso- por lo que el joven empezó a gritar para que lo dejaran salir e ir con su familia, lo que derivó en el motín e incendio a raíz del cual también murieron Elías Giménez (15), Miguel Aranda (17) y Manuel Figueroa (17).

El 19 de octubre de 2015 el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 quilmeño condenó a 10 policías a penas de entre 3 y 19 años de prisión.

Pero en 2018, la sala III del Tribunal de Casación Penal dispuso el reencuadre legal de las penas al quitar agravantes y poner como atenuante «el excesivo paso del tiempo en la sustanciación del proceso penal».

Por tal motivo, el tribunal dictó nuevamente sentencia y aplicó penas levemente inferiores a las del primer juicio.

El entonces jefe de la seccional, comisario Juan Pedro Soria, que había sido condenado en 2015 a 10 años por «estrago culposo seguido de muerte y omisión de evitar tormentos», fue condenado a 6 pero sólo por torturas.

El oficial inspector Fernando Pedreira recibió una pena de 16 años de cárcel -3 menos que en 2015- por «vejaciones y torturas en concurso real»; mismo delito por el que el cabo Hugo Daniel D´Elía fue condenado a 9.

En tanto, el subcomisario Basilio Vujovic, fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión; los agentes Franco Manuel Góngora y Gustavo Daniel Altamirano a 3 años y un mes; y la agente Elizabeth Fernanda Grosso, a 3 años y 3 meses, todos por «vejaciones».

Asimismo, por «apremios ilegales» los oficiales Gustavo Humberto Ávila y Héctor Jorge Rubén Gómez recibieron una pena de 3 años de prisión que ya fueron purgados; y el oficial Juan Carlos Guzmán, de 7.

Fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense dijeron a Télam que el excomisario Soria fue cesanteado de la fuerza en octubre de 2007, junto con el subcomisario Vujovic, el cabo D´Elia y el oficial Guzmán.

En tanto, el oficial inspector Pedreira fue exonerado al igual que Héctor Gómez el 18 de octubre de 2010.

Por su parte, Gustavo Altamirano y Elizabeth Grosso estuvieron 60 días suspendidos en 2007 y llegaron al juicio en funciones, pero desde febrero de 2016 fueron pasados a disponibilidad, al igual que Gustavo Ávila, indicaron las fuentes.

Por último, Franco Góngora renunció a la fuerza en julio de 2007.

La oficial Romina Guaquinchay, señalada por haber estado presente en la seccional mientras sucedieron los hechos y que será sometida a juicio en un próximo debate por «omisión de evitar tortura», sigue en funciones.

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