Por Federico Ramondi

Buscan probar que el crimen del subcomisario Gutiérrez estuvo vinculado a «la corrupción de los ’90»

La abogada de la familia del subcomisario Jorge Gutiérrez, asesinado de un balazo en la nuca en 1994 cuando iba en un tren que se dirigía a la ciudad de La Plata, aseguró que en el juicio que comenzó por ese crimen, en el que están imputados dos expolicías, buscará probar que estuvo vinculado a la “Aduana Paralela”, al narcotráfico y la corrupción de los ’90”, y consideró que el debate «es importante para la historia del país».

Si bien el hermano de la víctima, el ex intendente de Quilmes y ex dirigente de la UOM, Francisco «Barba» Gutiérrez, se mostró escéptico sobre los resultados que podrá tener el juicio tras 28 años del hecho, una de las abogadas querellantes, Carla Ocampo Pilla, explicó que buscará probar que la víctima investigaba «uno de los depósitos vinculados a la Aduana Paralela».

«No sólo genera expectativas, sino que es importante para la historia del país, con aquellas maniobras de narcotráfico y corrupción de los años ’90», dijo la letrada. “El 95 por ciento de la mercadería que entraba al país en esos años tenía luz verde, nada de controles», afirmó la abogada Ocampo Pilla, quien aseguró que «el depósito que investigaba Gutiérrez no sólo no era un depósito fiscal sino que no estaba habilitado».

Expresó que intentará demostrar que “Gutiérrez había comenzado a investigar ese depósito lindero a la comisaría y que de allí derivó la causa de la Aduana Paralela. El crimen de Gutiérrez fue además ‘silenciante’, buscaba que a nadie más se le ocurriera seguir con esa investigación», precisó Ocampo Pilla.

La Sala A de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata comenzó a juzgar al ex cabo de la Policía Federal Argentina (PFA) Alejandro Santillán y al ex efectivo de la bonaerense Francisco Mostajo por el delito de «homicidio agravado por alevosía». Por este caso, Santillán ya había sido absuelto en un primer juicio que se desarrolló en 1996 y que luego fue anulado, mientras que Mostajo estuvo prófugo de la Justicia durante la mayor parte del proceso.

Francisco «Barba» Gutiérrez, hermano del ex subcomisario, dijo que «es difícil tener expectativas por todo el tiempo transcurrido y por el empeño de la política y los poderes institucionales en trabar para que no se avance al nudo del problema».

Durante esta primera audiencia, la fiscalía leyó su acusación y los dos imputados se negaron a declarar. «Está previsto que durante las audiencias declaren unos 70 testigos, algunos de los cuales ya cuentan con protección para resguardar su integridad. Esto fue algo que planteó la Corte Interamericana. Y este martes comenzarán los testimonios con la declaración de Nilda, la esposa de Gutiérrez; sus hijos Jorge, David y Marilyn y su hermano Francisco», precisó la abogada.

Según la letrada, Nilda, la esposa de Jorge, «se acuerda de todo, vuelve a esa temporalidad de su vida. Su vida se terminó aquel 29 de agosto y a partir de ahí se dedicó a luchar y buscar justicia. Los hijos también están conmovidos y van a declarar».

«Este nuevo juicio se debe a la lucha inclaudicable de la familia, que buscó justicia estos 28 años. Y si la familia pudo lograr ese fallo de la Corte Interamericana fue gracias al CELS», puntualizó la letrada.

EL CRIMEN

El hecho ocurrió el 29 de agosto de 1994, cuando Gutiérrez fue encontrado muerto con un disparo en la nuca en el vagón de un tren en la estación La Plata del ferrocarril Roca. 

Según un comunicado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que acompaña a la familia de la víctima, el crimen ocurrió cuando Gutiérrez investigaba lo que ocurría en «depósitos de mercaderías vinculados al caso de la ‘Aduana paralela’, un resonante escándalo durante el gobierno de Carlos Menem».

Esa madrugada, el jefe policial se retiró de la seccional y se dirigía en tren a su casa de Quilmes cuando, a la altura de Sarandí, fue abordado por dos hombres, uno de los cuales le efectuó el disparo que lo mató, según la pesquisa.

LUCHA POR JUSTICIA

‘Chiquito’ Santillán, entonces cabo de la PFA, estuvo imputado como autor material del disparo que mató a Gutiérrez, aunque fue absuelto en 1996 por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones de La Plata.

En 1998, en representación de la familia, desde el CELS se presentó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) , lo que derivó en una causa que tramitó en la Corte IDH, que, en su sentencia, emitida en 2013, declaró al Estado argentino responsable por el derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales y protección judicial a favor de Gutiérrez y de su familia.

«En el fallo, dictaminó que había suficiente prueba para ‘concluir la participación de agentes estatales en la ejecución del subcomisario, así como en la obstrucción de la investigación'», precisó el comunicado del CELS. La Corte IDH también ordenó reabrir el proceso para sancionar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato.

Fotos: Eva Cabrera,Télam Agencia de noticias

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