Tres jóvenes comenzaron a ser juzgados por el crimen de Micaela Romero, la integrante de la Policía Federal Argentina (PFA) asesinada por "motochorros" que la asaltaron el año pasado en Quilmes, informaron fuentes judiciales.

El debate comenzó en forma presencial ante el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil 2 con la declaración de testigos propuestos por las partes acusadoras y la reproducción de las escuchas telefónicas realizadas durante la instrucción de la causa. Fuentes judiciales informaron a Télam que uno de los testigos presenciales colocó a uno de los dos acusados de 18 años –el restante tiene 17- en la escena del crimen.

Tras las testimoniales y las escuchas, el debate pasó a un cuarto intermedio hasta mañana cuando declarará el último testigo de las partes acusadoras y comenzarán los propuestos por las defensas. El debate está previsto que continúe también el miércoles y jueves próximos, ante el tribunal integrado por los jueces Alejandro Paccioretti, Gladys Krasuk y Analia Consolo. Los imputados llegaron al juicio con prisión preventiva por pedido de la fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Quilmes, María Julia Botasso, quien los acusa del delito de "homicidio en ocasión de robo doblemente agravado".

Por su parte, María Constante, madre de Micaela, dijo ayer que le "sorprendió la cercanía de la fecha del juicio" y que para ella y para su familia esto significa "cerrar una etapa de angustia infinita". La mujer asistió hoy al inicio del debate y adelantó que para la última audiencia organizará una marcha frente a los tribunales. Constante dijo que espera "una condena ejemplar", aunque sabe que "la prisión perpetua acá en Argentina no existe y menos para menores".

Micaela Romero tenía de 23 años, era madre de una nena de 2 y tenía un año de antigüedad en la fuerza, donde se desempeñaba en la División Protección Residencia Presidencial de Olivos y Operaciones de la PFA, aunque estaba de licencia médica cuando fue asesinada. Actualmente, la hija de Micaela vive con su padre en una casa que construyeron en la parte de atrás del terreno donde se ubica también la vivienda de Constante, en el barrio Kolinos, de Quilmes.

El crimen de Micaela fue cometido en plena pandemia por la Covid-19, cerca de las 7 de la mañana del domingo 16 de agosto del año pasado, en el que se celebraba el Día del Niño. La policía, que estaba vestida de civil y no llevaba su arma, fue junto a un amigo a comprar cigarrillos a un comercio ubicado en calle 395 y avenida Carlos Pellegrini, de La Cañada, Quilmes, cuando ambos fueron abordados por varios delincuentes que iban en moto.

De acuerdo con lo determinado luego, los asaltantes le robaron las zapatillas y el celular al amigo de Romero y cuando Micaela se negó a entregar su teléfono se dieron cuenta de que era policía y le efectuaron un disparo en el pecho. "Tirale que es cobani. Tirale que es cobani", le dijo uno de los delincuentes a otro al momento de robo y al reconocer a Romero. Los investigadores dijeron que la oficial recibió un disparo a la altura del tórax, mientras que los delincuentes alcanzaron a sacarle el celular para luego escapar.

Tras el ataque, Romero fue trasladada en grave estado por un grupo de vecinos al Hospital El Cruce, de Florencio Varela, donde ingresó inconsciente y falleció a los pocos minutos producto de la herida sufrida.

A un mes y medio del hecho, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se reunió en su despacho del Senado con Constante y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, para acompañar el pedido de justicia de la familia. Pocos días después, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, recibió a los padres de Romero y les expresó su "pesar y compromiso" por contribuir al esclarecimiento del caso. (Télam)

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