El juez federal de Quilmes, Luis Armella, allanó este viernes a las cooperativas que recibieron 535 millones de pesos del Municipio. Durante los procedimientos, secuestró del gobierno local toda la documentación vinculada a los contratos bajo investigación.

La intendente Mayra Mendoza se encuentra imputada por supuestos hechos de corrupción tanto en los tribunales de Comodoro Py como en Quilmes. Bajo investigación está la maniobra a través de la cual se habrían desviado 535 millones de pesos a un grupo de cooperativas vinculadas a funcionarios y ex funcionarios de su gabinete.

Después de que el fiscal federal de Comodoro Py Ramiro González imputó a Mendoza, Sebastián Raspa, Martín Bordalejo, José Alejandro Scozzari, Romina Cangelosi, Alejandro Gandulfo y Cecilia Soler, la fiscal federal Silvia Cavallo también pidió investigar a la Jefa Comunal.

Ante la denuncia periodística sobre la posible destrucción de documentación, la fiscal pidió que se avance en el caso. Con la acción penal impulsada, el juez federal Armella ordenó una serie de allanamientos a las empresas involucradas en la presunta desviación de fondos públicos.

Según confirmaron fuentes judiciales a Clarín, intervino el área especializada en delitos económicos de la Prefectura. Toda la documentación vinculada a diversos contratos celebrados con el Municipio de Quilmes, ya se encuentra bajo custodia del Juzgado Federal. Asimismo, se secuestraron un conjunto de celulares que serán peritados.

No fue el único procedimiento realizado por el juzgado en el marco de esta causa. La semana pasada, el personal de Prefectura se llevó del Municipio todos los legajos de las personas involucradas en la investigación, los decretos firmados por la Intendente, estados contables, entre otra documentación. Todo está bajo resguardo del Juzgado Federal de Quilmes, y con otro conjunto de pruebas bajo análisis, se comenzará con el entretenimiento de información.

Los delitos atribuidos en esta primera etapa de la investigación, son “defraudación a la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y lavado de activos” por una cifra que superaría los 500 millones de pesos.

La fiscal además, por la gravedad de los hechos y la estructura que se investiga, pidió que intervenga la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), a cargo de Diego Velasco.