Detuvieron al “Teto” Medina acusado de participar en centros terapéuticos que explotaban internos

En un megaoperativo impulsado por la Justicia de Quilmes fueron allanados siete centros terapéuticos en la zona Sur de la provincia de Buenos Aires y en Córdoba, los cuales son investigados por presunta reducción a la servidumbre de los internos que albergaban. El reconocido periodista Marcelo “Teto” Medina y otras 16 personas fueron detenidas y se estima que habría más de 200 víctimas.

Las pesquisas iniciaron luego de que diez ex clientes de los centros de rehabilitación de adicciones “La Razón de Vivir” y “Elección de Vida” se presentaran ante la Fiscalía N° 8 de Berazategui a cargo del Dr. Ichazo para denunciar lo que habrían sufrido durante sus respectivas internaciones. La investigación, que demandó horas de escuchas telefónicas, logró identificar a unas 200 víctimas mayores y menores de edad, y a 19 presuntos victimarios. El supuesto rol del “Teto” Medina estaría vinculado a la publicidad y estrategia de marketing de estas quintas.

Por el caso, se llevaron a cabo 26 allanamientos simultáneos con la división policial de Trata de Personas en los que detuvieron a tres imputados en Berazategui, cuatro en Quilmes, dos en La Matanza -uno de los cuales es miembro de la Policía Federal-, tres en Florencio Varela -una de las cuales es oficial de la Bonaerense-, dos en Almirante Brown, dos en los barrios porteños de Palermo y Lugano, y uno en la localidad cordobesa de Villa María, quienes enfrentarán cargos por “reducción a la servidumbre”, “explotación laboral”, “estafa y “asociación ilícita”.

También irrumpieron en las siete quintas de rehabilitación investigadas ubicadas en Virrey del Pino, General Rodríguez, La Matanza, Glew, Florencio Varela y en la provincia de Córdoba, donde secuestraron documentación de interés para la causa.

Según informaron las fuentes del caso, en estos centros terapéuticos se alojaba a internos con problemas de adicciones a las drogas, cuyas familias abonaban importantes sumas de dinero que variaban entre los 35 mil y los 200 mil pesos, dependiendo de la apariencia y capacidad económica del cliente. Este monto acordado se cobraba supuestamente para recibir atención médica y psicológica, pero en lugar de eso las víctimas serían obligadas a efectuar trabajos de carpintería y fabricación de muebles que luego serían puestos a la venta, además de tareas de albañilería para la expansión de las instalaciones sin remuneración alguna.

Asimismo en la pesquisa surgió que los internos sufrirían controles y castigos privativos de la libertad en caso de mala conducta, como así también cuando manifestaban deseos de irse del lugar o abandonar el tratamiento. Incluso llegarían a ser engañados por parte de los directores del lugar, quienes se harían pasar telefónicamente por policías, fiscales o jueces para hacerles creer que enfrentarían cargos o causas penales pudiendo quedar detenidos en unidades carcelarias si se iban.

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