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Detuvieron al “Teto” Medina acusado de participar en centros terapéuticos que explotaban internos
Jueves 22 de septiembre de 2022 | 16:20

En un megaoperativo impulsado por la Justicia de Quilmes fueron allanados siete centros terapéuticos en la zona Sur de la provincia de Buenos Aires y en Córdoba, los cuales son investigados por presunta reducción a la servidumbre de los internos que albergaban. El reconocido periodista Marcelo “Teto” Medina y otras 16 personas fueron detenidas y se estima que habría más de 200 víctimas.

Las pesquisas iniciaron luego de que diez ex clientes de los centros de rehabilitación de adicciones “La Razón de Vivir” y “Elección de Vida” se presentaran ante la Fiscalía N° 8 de Berazategui a cargo del Dr. Ichazo para denunciar lo que habrían sufrido durante sus respectivas internaciones. La investigación, que demandó horas de escuchas telefónicas, logró identificar a unas 200 víctimas mayores y menores de edad, y a 19 presuntos victimarios. El supuesto rol del “Teto” Medina estaría vinculado a la publicidad y estrategia de marketing de estas quintas.

Por el caso, se llevaron a cabo 26 allanamientos simultáneos con la división policial de Trata de Personas en los que detuvieron a tres imputados en Berazategui, cuatro en Quilmes, dos en La Matanza -uno de los cuales es miembro de la Policía Federal-, tres en Florencio Varela -una de las cuales es oficial de la Bonaerense-, dos en Almirante Brown, dos en los barrios porteños de Palermo y Lugano, y uno en la localidad cordobesa de Villa María, quienes enfrentarán cargos por “reducción a la servidumbre”, “explotación laboral”, “estafa y “asociación ilícita”.

También irrumpieron en las siete quintas de rehabilitación investigadas ubicadas en Virrey del Pino, General Rodríguez, La Matanza, Glew, Florencio Varela y en la provincia de Córdoba, donde secuestraron documentación de interés para la causa.

Según informaron las fuentes del caso, en estos centros terapéuticos se alojaba a internos con problemas de adicciones a las drogas, cuyas familias abonaban importantes sumas de dinero que variaban entre los 35 mil y los 200 mil pesos, dependiendo de la apariencia y capacidad económica del cliente. Este monto acordado se cobraba supuestamente para recibir atención médica y psicológica, pero en lugar de eso las víctimas serían obligadas a efectuar trabajos de carpintería y fabricación de muebles que luego serían puestos a la venta, además de tareas de albañilería para la expansión de las instalaciones sin remuneración alguna.

Asimismo en la pesquisa surgió que los internos sufrirían controles y castigos privativos de la libertad en caso de mala conducta, como así también cuando manifestaban deseos de irse del lugar o abandonar el tratamiento. Incluso llegarían a ser engañados por parte de los directores del lugar, quienes se harían pasar telefónicamente por policías, fiscales o jueces para hacerles creer que enfrentarían cargos o causas penales pudiendo quedar detenidos en unidades carcelarias si se iban.