Las acciones se llevaron a cabo en la provincia de Buenos Aires, abarcando 107 objetivos detectados en los departamentos judiciales: Avellaneda-Lanús, Azul, Bahía Blanca, Dolores, Junín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Mercedes, Moreno-Gral. Rodríguez, Morón, Necochea, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín, San Nicolás y Zárate Campana. En los domicilios se encontraron 61 niños que estaban siendo explotados por la organización

En lo que respecta al departamento judicial Quilmes, la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio N° 8 de Berazategui, a cargo del Dr. Daniel Ernesto Ichazo, llevó adelante una investigación utilizando una sofisticada herramienta que detecta el tráfico de "MASI" en tiempo real. Los investigadores de la fiscalía, mediante la utilización de tecnología avanzada, lograron la detección de las direcciones IP de conexión de los usuarios que descargaban y enviaban material gráfico de abuso sexual infantil.

Las tareas de campo encubiertas para lograr la individualización de los investigados, como así también sus lugares de residencia, estuvieron coordinadas por la estación de Policía de Berazategui. Como resultado de los allanamientos, se secuestraron equipos de comunicación celular, cpu, pen drives, tarjetas de memoria y discos rígidos. Todos los elementos serán peritados por la Unidad Pericial Informática de Berazategui.

Los detenidos en la jurisdicción de Quilmes son cuatro mayores de edad (dos de 21 años, uno de 28 y uno de 31) y además hubo otros 15 imputados por el delito de tenencia de material de abuso sexual infantil. Los allanamientos se realizaron en viviendas ubicadas en Quilmes Centro, Bernal, Ezpeleta, La Ribera y en el barrio La Cañada de Quilmes Oeste.

Además del delito de descarga y distribución de material de abuso sexual infantil, se incluyen entre los investigados: la tenencia, su posible producción y el acoso sexual en línea (conocido comúnmente como Grooming), contemplados en los Art. 128 y 131 del Código Penal Argentino.

Para lograr la simultaneidad de los procedimientos y no alertar a las personas implicadas, la operación fue coordinada por el Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, que se encuentra en la órbita de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General. Se contó además con el apoyo y colaboración de "Operation Underground Railroad", una organización que lucha contra el tráfico y la explotación sexual alrededor del mundo.