La organización Política Obrera, a través de su referente Joaquín Antúnez, expresó su más enérgico repudio a la detención de la concejal quilmeña Eva Mieri —presidenta del bloque de Unión por la Patria— y de otros tres militantes kirchneristas, en el marco de una causa por presuntas amenazas contra el diputado liberal José Luis Espert. El operativo fue ordenado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y se concretó en la madrugada del miércoles 2 de julio con allanamientos en domicilios particulares y oficinas del Municipio de Quilmes.

“Hasta el momento, la justicia no ha conseguido pruebas fehacientes de la participación de los detenidos en estos hechos”, denunció Antúnez, y calificó el procedimiento como parte de un “accionar con clara intencionalidad política”. 

Según la información judicial, los acusados estarían involucrados en un hecho ocurrido el pasado 17 de junio en el domicilio de Espert, que incluyó la colocación de pasacalles y residuos frente a su vivienda. Para Política Obrera, se trata de una “manifestación política” que de ninguna manera justifica “la detención de concejales y militantes ni los allanamientos simultáneos en más de cuatro viviendas y dependencias municipales”.

En el comunicado, también criticaron lo que considera una doble vara judicial: “No se ha tomado nota de los múltiples insultos y llamados a asesinar por parte del propio Espert, ni de sus desagradables frases sobre ‘cárcel o bala’ contra quienes protestan o luchan”. En contraste, señalaron que se avanza con “una ofensiva represiva contra cualquier forma de disidencia política”.

Finalmente, exigieron la liberación inmediata de los detenidos, el cese de las causas judiciales por protestas, y la derogación de leyes y decretos “contra las manifestaciones y luchas populares”. “Es necesaria una fuerte movilización política para derrotar este intento de instalar un estado policial bajo el gobierno liberticida”, concluyeron.