El “carding” es una de las formas más frecuentes de fraude digital en entornos de comercio electrónico. Consiste en el uso indebido de datos de tarjetas de crédito o débito obtenidos ilícitamente —a menudo a través de sitios falsos, phishing o brechas de seguridad— para realizar compras sin el consentimiento de sus titulares.

La pesquisa se originó a partir de la denuncia de una comerciante del rubro de instrumentos musicales de la localidad de Berazategui, quien reportó operaciones sospechosas en su comercio ubicado sobre la avenida 14. Las maniobras, perpetradas entre abril y mayo de 2025, revelaron un patrón de fraude digital sistemático, estimándose un perjuicio total de entre 15 y 20 millones de pesos a distintos comercios.

A partir de tareas investigativas coordinadas entre la Fiscalía n.° 1 y la Policía Bonaerense, y con autorización del Juzgado de Garantías n.° 4 de Quilmes, se llevaron a cabo allanamientos simultáneos en diversos domicilios, resultando en tres aprehensiones y cinco personas más imputadas que permanecen bajo investigación

La organización delictiva actuaba bajo una estructura jerárquica con roles diferenciados: compradores digitales, intermediarios y repartidores encargados de retirar los productos adquiridos fraudulentamente. Los imputados utilizaban tarjetas de crédito sustraídas para efectuar compras en línea de alto valor —particularmente instrumentos musicales y equipos electrónicos— y luego coordinaban la entrega a través de plataformas de mensajería.

Entre los casos comprobados se documentó la adquisición de un pack de guitarra eléctrica, amplificador y accesorios por un monto de $1.177.373,12, y un intento frustrado de compra de un sintetizador Roland XPS10, valuado en más de $1.280.000, cuya entrega fue interrumpida por personal policial alertado por el comercio.

Los imputados enfrentan cargos por asociación ilícita (art. 210 del Código Penal) y defraudación mediante el uso de tarjeta sustraída en concurso real con tentativa de estafa (arts. 42 y 172 del C.P.). La fiscalía no descarta la ampliación de la causa a delitos informáticos adicionales, conforme se incorporen nuevas pruebas y se identifiquen otras víctimas de la maniobra.