El caso llegó al máximo tribunal porteño luego de que Nizza Davidson ganara un juicio contra EDESUR por ruptura de contrato, con una indemnización fijada originalmente en USD 2 millones. Sin embargo, debido a la prohibición legal de actualizar montos por inflación establecida en la Ley de Convertibilidad, el resarcimiento terminó reducido a apenas USD 100 mil, una pérdida sustancial que reavivó la discusión sobre la vigencia del artículo 7.

La empresa reclama que el monto sea actualizado al valor real, argumentando que la depreciación del resarcimiento desnaturaliza la reparación del daño. El TSJ deberá definir si la prohibición de indexación vulnera principios constitucionales, especialmente en contextos de alta inflación.

Implicancias económicas y jurídicas

El debate es seguido muy de cerca por empresarios y especialistas en derecho, quienes sostienen que una declaración de inconstitucionalidad enviaría una señal positiva a los inversores y daría mayor previsibilidad a la hora de calcular indemnizaciones en juicios civiles y comerciales. En cambio, si el tribunal porteño ratifica la prohibición, algunos analistas advierten que CABA podría quedar en desventaja respecto de la Provincia de Buenos Aires, donde la Suprema Corte bonaerense ya adoptó un criterio distinto.

Antecedentes relevantes

En la Provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte (SCBA) declaró inconstitucional el artículo 7 en el conocido “caso Barrios”, fallando a favor de la actualización monetaria. Otro antecedente es la causa Villaruel contenidos c/ TELEFE, que también pone en debate el alcance de la prohibición de indexar.

Dada la disparidad de criterios entre jurisdicciones, la decisión del TSJ de CABA podría finalmente requerir la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para unificar doctrina y definir si la prohibición de indexación sigue siendo constitucional en el contexto económico actual.