La pesquisa se inició dos meses atrás, cuando el socio gerente de una pyme de Florencio Varela detectó movimientos irregulares en el home banking de la firma. Personas aún no identificadas habrían solicitado un préstamo millonario en nombre de la empresa y, utilizando el dinero acreditado junto con fondos propios disponibles y el descubierto de la cuenta corriente, transfirieron $425.000.000 a otra sociedad plenamente ajena a la víctima.

Tras la denuncia, la fiscalía impulsó un amplio relevamiento de información solicitando informes a entidades bancarias, billeteras virtuales, empresas tecnológicas, plataformas de intercambio de criptomonedas, compañías telefónicas e incluso a la Inspección General de Justicia.

A partir de esas medidas se identificó a la compañía receptora del dinero: una firma del rubro electrónica, creada pocos meses antes, que habría intentado justificar el ingreso de los fondos mediante un contrato apócrifo.

Según un informe del Departamento de Ciberdelitos de la Procuración General, inmediatamente después de recibir el dinero, los responsables adquirieron criptomonedas en cuestión de minutos, transfiriéndolas luego a billeteras digitales anónimas dentro del ecosistema blockchain, lo que dificulta su trazabilidad y evidencia el carácter profesionalizado de la maniobra.

Con base en las tareas de campo realizadas por la División CiberCrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, la fiscalía solicitó medidas de allanamiento al Juzgado de Garantías interviniente.

Los operativos se concretaron en oficinas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en un domicilio de la localidad de Ituzaingó, donde se produjo la detención del administrador de la empresa investigada. Durante las diligencias se secuestraron teléfonos celulares, notebooks y dispositivos electrónicos, que serán sometidos a pericias para determinar la participación del detenido y el rol de otras personas en la operatoria.

La UFI N.º 1 advirtió que este tipo de ataques constituye una modalidad en crecimiento que afecta de manera recurrente a pymes de distintos rubros. Las organizaciones delictivas que intervienen, de carácter transnacional, emplean técnicas avanzadas para vulnerar sistemas informáticos y, una vez obtenido el acceso, trasladan rápidamente los fondos a operaciones con criptomonedas para evitar su rastreo y entorpecer la investigación penal.