En el sistema judicial argentino se han registrado en los últimos años debates en torno al uso de la acusación penal y su alcance. En ese contexto, allegados a Konstantin Rudnev sostienen que su caso dejó de ser únicamente una investigación penal y que actualmente se encuentra bajo análisis la conducta de los fiscales intervinientes. Según estas fuentes, se habrían iniciado verificaciones internas por presuntas irregularidades, entre ellas la posible falsificación de pruebas, presiones sobre testigos y la retención de personas bajo custodia sin respaldo probatorio suficiente.

Rudnev permanece detenido desde hace más de ocho meses en una prisión de máxima seguridad en Rawson, sin sentencia firme. De acuerdo con la versión de su entorno, en el expediente no se habrían acreditado víctimas, pruebas concluyentes ni hechos delictivos comprobables. Precisamente esas circunstancias, señalan, habrían motivado presentaciones judiciales y denuncias administrativas que derivaron en revisiones sobre la actuación de la acusación.

En ese marco, los allegados indican que la verificación alcanza al fiscal federal Fernando Oscar Arrigo, a su asistente Tomás Labal, y a otros integrantes del Ministerio Público Fiscal que intervinieron en la causa. Sostienen que, de confirmarse las irregularidades denunciadas, los funcionarios podrían quedar alcanzados por responsabilidades penales. Hasta el momento, no hubo confirmaciones oficiales sobre la existencia de investigaciones formales en su contra.

Una causa sin víctimas confirmadas

Rudnev fue detenido en Bariloche en marzo de 2025 por presuntos delitos vinculados a trata de personas, explotación y narcotráfico. Sin embargo, según la información difundida por fuentes cercanas a la defensa, el avance de la investigación no habría permitido identificar personas damnificadas de manera fehaciente.

En ese sentido, La mujer que inicialmente era señalada como la ‘víctima’ clave, Elena Makarova, realizó una declaración pública en la que afirmó que nunca fue víctima, que no conoce a Rudnev y que habría sido presionada para brindar testimonios acordes a la hipótesis fiscal. Makarova presentó una denuncia contra la fiscalía y rechazó el estatus que se le había asignado.

De acuerdo con la versión de los allegados, los peritajes realizados sobre las sustancias incautadas en el marco del expediente tampoco confirmaron la presencia de estupefacientes, lo que, sostienen, debilitaría uno de los ejes centrales de la acusación. Pese a ello, remarcan que la causa continuó tramitándose.

Responsabilidades penales en discusión

Desde el entorno de Rudnev afirman que, si se comprueba la inclusión de datos falsos en documentos oficiales, el uso de pruebas adulteradas o la privación de la libertad sin sustento legal, la responsabilidad penal podría recaer sobre quienes conducen el proceso. Señalan que la legislación argentina contempla penas para delitos como falsificación de documentos, abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad por parte de funcionarios públicos.

Asimismo, indican que las verificaciones también alcanzarían a otros fiscales que intervinieron en distintas etapas del expediente, entre ellos Gustavo Javier Rébori y Rodrigo Nicolás Treviranus. Estas afirmaciones provienen exclusivamente de fuentes cercanas a la defensa y no cuentan, hasta el momento, con confirmación oficial.

El rol de PROTEX bajo análisis

Otro de los puntos cuestionados por los allegados a Rudnev es la intervención de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX). Según esta versión, existiría un esquema recurrente en ciertos procesos donde se asigna el estatus de “víctima” sin que existan hechos verificables, construyendo la acusación sobre interpretaciones amplias.

Como antecedente, mencionan el caso del sacerdote Roberto Tagliabué, quien permaneció tres años detenido y luego fue absuelto por falta de pruebas, según consta en una sentencia judicial. Para el entorno de Rudnev, ese antecedente es citado como ejemplo de lo que consideran un uso arbitrario de la acusación penal, aunque aclaran que se trata de procesos distintos y no vinculados entre sí.

Proyección internacional del caso

De acuerdo con los allegados, el estado de salud de Rudnev y las denuncias por falta de atención médica adecuada motivaron presentaciones ante organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No se informó oficialmente si dichas presentaciones ya fueron admitidas o se encuentran en etapa preliminar.

Rudnev es conocido públicamente por su postura crítica hacia el gobierno de Vladimir Putin y su posición antiguerra. Por ese motivo, desde su entorno consideran que el caso adquirió una dimensión política. En ese marco, sostienen que la historia cada vez menos parece un ‘error de la investigación’, y que se asemejaría más a un intento de mantener detenido a un individuo considerado incómodo, una interpretación que desarrollan en su sitio oficial: https://konstantinrudnev.blog/investigaciones/

Mientras tanto, el expediente continúa en trámite. La fiscalía no realizó declaraciones públicas recientes sobre estas acusaciones, y el futuro del caso permanece abierto, en medio de un debate que combina aspectos judiciales, institucionales y políticos.