De acuerdo con la información judicial, Rudnev fue arrestado el 28 de marzo de 2025 cuando intentaba viajar a Brasil junto a un grupo de mujeres. Desde entonces, la causa se encuentra en etapa de instrucción. La fiscalía lo acusa de trata de personas, narcotráfico y violencia psicológica, cargos que son investigados por el Ministerio Público Fiscal de Bariloche. 

Desde el entorno familiar y la defensa legal de Rudnev sostienen que la prisión preventiva se ha extendido por un plazo excesivo. En noviembre pasado, el juez Gustavo Zapata resolvió prorrogar la detención hasta abril de 2026, una decisión que, según sus allegados, no contempló adecuadamente informes médicos que advertían sobre un cuadro de salud complejo.

En ese sentido, allegados al detenido aseguran que su salud se deteriora rápidamente y, atribuyen ese deterioro a las condiciones de detención y a la falta de acceso a un tratamiento especializado acorde a las patologías que padece, entre ellas fibrosis pulmonar y dificultades respiratorias.

La defensa, encabezada por el abogado Carlos Broitman, sostiene que existen irregularidades procesales, entre ellas dificultades idiomáticas durante las audiencias y diferencias de interpretación respecto de supuestas negativas del detenido a recibir atención médica dentro del sistema penitenciario. Desde el Ministerio Público Fiscal, en tanto, no se han emitido declaraciones públicas recientes sobre estos señalamientos.

El caso también fue presentado ante organismos internacionales. Según indicaron allegados a Rudnev, se realizaron presentaciones ante instancias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitando que se evalúen las condiciones de detención y la duración de la prisión preventiva, aunque hasta el momento no se informaron resoluciones oficiales.

Mientras la investigación judicial continúa su curso en Bariloche, el expediente sigue despertando debate en la opinión pública, particularmente en redes sociales, donde distintos sectores reclaman una definición judicial y otros subrayan la necesidad de que el proceso avance respetando las garantías legales y sanitarias correspondientes. Por ahora, la causa permanece abierta y bajo análisis de la Justicia argentina.