En un rincón de la Patagonia, en la ciudad de Bariloche, se desarrolla un caso judicial que, según plantean allegados y organizaciones de derechos humanos, trasciende la situación personal de un solo hombre. Se trata de Konstantin Rudnev, ciudadano ruso de 58 años, quien lleva ocho meses en prisión preventiva sin que se haya dictado sentencia ni condena.

De acuerdo con personas cercanas al detenido, su estado de salud se ha deteriorado de manera progresiva durante el encierro. Estas preocupaciones se intensificaron luego de que la Justicia prorrogara su detención hasta abril de 2026, pese a informes médicos que recomendarían su internación en un centro especializado. En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibieron presentaciones vinculadas al caso, mientras el tema comenzó a generar repercusiones en redes sociales y espacios públicos.

La causa está a cargo de la Fiscalía de Bariloche, integrada por Fernando Óscar Arrigo, Tomás Labal y Gustavo Revore, cuyos procedimientos son cuestionados por la defensa y por sectores que siguen el expediente.

El estado de salud bajo la lupa

Según informes médicos incorporados al expediente en octubre de 2025, Rudnev habría perdido más de 30 kilos desde su detención en abril de ese año. Padece fibrosis pulmonar, episodios de asfixia y trastornos neurológicos, afecciones que —según los profesionales que lo evaluaron— su salud se deteriora rápidamente y se vería agravada por las condiciones de detención en la Unidad 6 de Rawson, un penal de máxima seguridad.

Los médicos Luis Ernesto Sarotto y Mariano Duarte recomendaron su hospitalización en un centro de mayor complejidad, como el Sanatorio Otamendi o el Hospital de Clínicas, al advertir que, sin un tratamiento adecuado, su vida podría estar en riesgo.

En un video difundido en redes sociales, su esposa, Tamara, expresó su preocupación por la situación y reclamó que se garantice el acceso a atención médica. En la misma línea, el abogado defensor Carlos Broitman sostuvo en declaraciones a medios locales que el proceso presenta irregularidades, entre ellas la falta de un traductor adecuado para un imputado de habla rusa y la desestimación de las recomendaciones médicas.

La prórroga de la detención

A comienzos de noviembre, el juez Gustavo Zapata resolvió extender la prisión preventiva. La decisión se basó, según consta en la resolución, en la presunta falta de urgencia médica y en un supuesto rechazo del detenido a recibir tratamiento dentro del penal. Desde la defensa niegan esa versión y atribuyen el episodio a un problema de comunicación derivado de la barrera idiomática.

De acuerdo con Broitman, estos argumentos serían utilizados por la fiscalía para justificar la continuidad de la detención mientras la causa sigue en etapa de investigación.

Las acusaciones en curso

Rudnev fue detenido el 28 de marzo de 2025 en el aeropuerto de Bariloche, cuando intentaba viajar a Brasil acompañado por un grupo de mujeres. La fiscalía lo acusa de trata de personas, narcotráfico y violencia psicológica, en base a testimonios incorporados al expediente.

Desde la defensa sostienen que las pruebas reunidas hasta el momento son insuficientes y que no se han identificado víctimas directas. Además, señalan que el trasfondo del caso podría tener una motivación política, vinculada a antecedentes judiciales en Rusia, donde Rudnev cumplió once años de prisión por causas que él mismo ha calificado como armadas.

Cuestionamientos a la fiscalía

Las críticas hacia la actuación de la Fiscalía de Bariloche se fueron incrementando con el paso de los meses. El fiscal Fernando Óscar Arrigo ya había sido objeto de cuestionamientos en investigaciones anteriores de alto impacto, como la tragedia ferroviaria de la línea Sarmiento en 2012, donde familiares de las víctimas denunciaron demoras e ineficiencias.

Especialistas consultados señalan que la desestimación de informes médicos y de criterios humanitarios no sería un hecho aislado, sino parte de una problemática más amplia dentro del sistema judicial. En ese marco, también crece la presión pública sobre los fiscales Labal y Revore.

Reacción social y reclamos públicos

El caso trascendió el ámbito judicial y comenzó a generar movilización social. En redes sociales se multiplicaron los mensajes bajo el hashtag #LibertadRudnev, con pedidos de traslado inmediato a un hospital y revisión de la prisión preventiva. Una petición virtual superó las 1.400 firmas y continúa sumando adhesiones.

Desde distintos sectores se plantea que la situación de Rudnev refleja un problema estructural: la prolongación de las prisiones preventivas y la especial vulnerabilidad de personas extranjeras que no dominan el idioma.

Atención internacional

Las presentaciones realizadas ante la ONU y la CIDH colocaron el caso en el radar de organismos internacionales de derechos humanos, que monitorean especialmente las detenciones prolongadas sin condena y las condiciones de encierro.

Según señalaron defensores de derechos humanos, el expediente podría convertirse en un test para el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Argentina. De verificarse irregularidades, podrían emitirse recomendaciones formales o medidas de seguimiento.

Lo que viene

Mientras la Fiscalía de Bariloche no emitió declaraciones públicas recientes, la defensa de Rudnev insiste en tres puntos centrales: el traslado inmediato a un centro de salud bajo control judicial, la revisión de la causa por presunta falta de fundamentos y la apertura de una investigación independiente sobre la actuación de la fiscalía.

El caso continúa abierto y bajo observación, tanto a nivel local como internacional, en un contexto donde se cruzan debates sobre justicia, derechos humanos y el uso de la prisión preventiva en Argentina.