Este viernes, cuidacoches del municipio de Quilmes llevaron adelante una movilización frente al Honorable Concejo Deliberante para manifestar su rechazo a un proyecto de ordenanza que impulsa la privatización del sistema de estacionamiento medido en el centro de Quilmes, Bernal y parte de Quilmes Oeste, junto con otros servicios vinculados al tránsito.

La convocatoria se dio en el contexto del inminente tratamiento de la iniciativa, que además contempla la concesión al sector privado de servicios como fotomultas, balanzas y distintos dispositivos de control vial. Desde el sector denunciaron que la propuesta está diseñada para beneficiar a una empresa privada, sin generar empleo local y apropiándose de un tributo que recaería directamente sobre vecinos y vecinas en un escenario económico adverso.

Los cuidacoches organizados expresaron su preocupación por el impacto social de la medida y señalaron que los fondos recaudados no tendrían como destino la inversión pública en la comunidad. 

“Desde hace más de cinco años venimos proponiendo un Sistema de Estacionamiento Medido con Inclusión Social, como política pública que permitiría generar trabajo con derechos, ordenar el uso del espacio público y mejorar el tránsito y la circulación, además de destinar lo recaudado a la inversión pública, en particular al fortalecimiento del sistema de salud municipal y del Hospital Municipal”, explicó Emiliano, trabajador cuidacoche, durante la movilización.

Asimismo, los manifestantes aseguraron que no fueron incluidos ni consultados en el proceso de elaboración de la ordenanza y que tomaron conocimiento de su contenido a través de los medios locales. Según advirtieron, se trata de un proyecto cerrado, sin instancias de debate público, que se prevé votar el próximo lunes en el recinto legislativo.

Por último, los cuidacoches solicitaron a las y los concejales que no acompañen la aprobación de la ordenanza, convocaron a organizaciones sindicales, sociales y políticas a pronunciarse en defensa de los servicios públicos y llamaron a la comunidad a rechazar un modelo de gestión que —según sostienen— transfiere recursos públicos al sector privado sin mejorar la inversión en la ciudad.

“Trabajar en la calle no es delito”, fue una de las consignas que resonó frente al Concejo Deliberante durante la jornada de protesta.