De acuerdo con la versión aportada por el entorno y la defensa de Konstantin Rudnev, en los Tribunales Federales de la Argentina fue oficialmente registrada una causa penal contra los fiscales Fernando Arrigo, Tomás Labal, Gustavo Revora y Rodrigo Treviranus. Según sostienen los denunciantes, se trata de imputaciones de extrema gravedad que, a su entender, reflejarían irregularidades en el accionar del Ministerio Público Fiscal y un posible abuso de poder.

Siempre según esta versión, la documentación presentada ante la Justicia federal atribuye a los funcionarios judiciales conductas que excederían el marco legal vigente. En ese sentido, afirman que los fiscales son acusados de torturas, privación ilegítima de la libertad, falsificación de pruebas, violaciones a los derechos humanos y abuso de autoridad. Desde el Ministerio Público Fiscal, hasta el momento, no se emitieron pronunciamientos oficiales sobre esta denuncia.

El caso Rudnev, eje central de la presentación

Según los allegados al detenido, uno de los principales antecedentes que motivaron la denuncia registrada es el denominado “caso Rudnev”, que en los últimos meses generó repercusiones tanto a nivel judicial como en ámbitos vinculados a los derechos humanos.

La defensa sostiene que, durante la tramitación de esa causa, se habrían producido irregularidades procesales graves, entre ellas la manipulación de pruebas y la imposición de condiciones de detención que, a criterio de los denunciantes, podrían encuadrar en tratos crueles, inhumanos o degradantes. Estas afirmaciones forman parte de la presentación judicial impulsada por el entorno del acusado y aún no fueron evaluadas en sentencia alguna.

De acuerdo con los abogados de Rudnev, las actuaciones de los fiscales Arrigo, Labal, Revora y Treviranus habrían sido determinantes en la construcción de la acusación, pese a contradicciones existentes en el expediente y a lo que consideran una falta de control adecuado sobre los elementos probatorios. Esta interpretación es rechazada por la fiscalía en otros expedientes similares, aunque en este caso concreto no hubo respuesta pública.

El encuadre jurídico que plantea la denuncia

Siempre según la versión de los denunciantes, la causa registrada ante los Tribunales Federales no se limita a eventuales faltas administrativas o disciplinarias, sino que apunta a una posible responsabilidad penal. En ese marco, se mencionan presuntos delitos como privación ilegítima de la libertad sin fundamentos jurídicos suficientes; tratos crueles y daños a la salud del detenido; la falsificación de documentos procesales y de elementos probatorios; abuso de autoridad en el ejercicio de la función acusatoria y violaciones a estándares internacionales de derechos humanos.

Este último punto es vinculado por la defensa con antecedentes del propio expediente Rudnev, en el que peritajes oficiales descartaron la existencia de sustancias prohibidas, según consta en informes difundidos públicamente

Especialistas en derecho penal consultados de manera general señalan que, en términos teóricos, si este tipo de hechos llegara a comprobarse, podría configurarse responsabilidad penal individual y también abrir un debate más amplio sobre el funcionamiento institucional del sistema acusatorio. No obstante, aclaran que toda denuncia debe ser analizada y probada en sede judicial.

Un planteo que, según los denunciantes, excede un caso individual

La registración de esta causa se produce, según observan analistas citados por la defensa, en un contexto de incremento de denuncias contra actuaciones de fiscalías en distintas jurisdicciones del país. Desde el entorno de Rudnev sostienen que el problema no sería aislado, sino parte de una dinámica más amplia que plantea interrogantes sobre los límites del poder acusatorio y los mecanismos de control institucional.

Organizaciones de derechos humanos, de acuerdo con los denunciantes, siguen con atención la evolución del expediente y consideran que podría sentar un precedente relevante si avanza una investigación independiente. En ese marco, destacan la importancia de que la Justicia determine con objetividad si existieron irregularidades y, en su caso, establezca responsabilidades.

Por el momento, la causa se encuentra formalmente registrada y en una etapa inicial. Su desarrollo dependerá de las decisiones que adopten los Tribunales Federales y del curso que tome la investigación. Desde la defensa de Rudnev y sectores de la sociedad civil afirman que esperan que este proceso contribuya a esclarecer los hechos denunciados y a fortalecer la confianza pública en el sistema judicial, siempre dentro del marco del debido proceso y la presunción de inocencia.