La dimisión fue comunicada públicamente por el propio concejal Arauz a través de sus redes sociales, donde expresó un fuerte cuestionamiento tanto al contenido de la ordenanza como al modo en que fue tratada y aprobada. “Durante un tiempo prolongado dimos un debate político respecto de cómo comenzar a ordenar el tránsito en Quilmes. Hace cinco años presentamos un proyecto que ya funciona en otras ciudades. Jamás prosperó”, señaló en su publicación.

En ese sentido, sostuvo que el bloque terminó acompañando la iniciativa por “responsabilidad institucional”, aunque dejó en claro su desacuerdo con el enfoque general del proyecto. “Evidentemente se optó por otra modalidad y a pesar de que acompañamos con el voto esa decisión, no estamos de acuerdo con el espíritu general ni con la forma en que se aprobó. Defendido con mayor convencimiento por los bloques opositores que por el nuestro. Con represión afuera”, afirmó, en referencia a los incidentes registrados durante las protestas en las inmediaciones del Concejo Deliberante.

Arauz también cuestionó la falta de diálogo político en los días previos a la votación y consideró que el desenlace del conflicto podría haber sido diferente. “En los últimos días no hubo capacidad ni voluntad de acercar posiciones, que es en lo que creemos. Sabemos que otro desenlace hubiera sido posible. El que se dio fue realmente lamentable”, expresó.

Leída en clave política, la renuncia de Arauz a la presidencia del bloque de Unión por la Patria en el Concejo Deliberante de Quilmes no es un gesto aislado ni meramente testimonial. Es, en cambio, una postal nítida de la interna quilmeña y de los límites que impone la convivencia —cada vez más tensa— entre la conducción política del distrito y los espacios sociales que forman parte del mismo entramado oficialista.

Arauz había sido ungido presidente del bloque hace apenas dos semanas, en el marco de la renovación de concejales y la reconfiguración del HCD, una designación que respondía a un delicado equilibrio interno. Su perfil buscaba tender puentes entre el núcleo duro del mayrismo y los sectores del campo popular vinculados a la economía popular, la UTEP y el MTE. Ese equilibrio, sin embargo, saltó por los aires con la aprobación del proyecto de ordenamiento del tránsito y la implementación del estacionamiento medido, una iniciativa impulsada desde el Ejecutivo que, en los hechos, deja fuera de juego a los trapitos.

Con la votación consumada y la represión en las puertas del Concejo como telón de fondo, Arauz quedó literalmente entre la espada y la pared. Por un lado, la lealtad política al espacio que conduce Mayra Mendoza, arquitecta del proyecto y jefa indiscutida del oficialismo local. Por el otro, su pertenencia a un universo político y social que viene denunciando desde hace años la exclusión de los trabajadores informales y que encontró en el estacionamiento medido un límite infranqueable.

La situación se volvió aún más incómoda por una variable que en la "rosca" nadie desconoce: la relación directa de Arauz con el Movimiento de Trabajadores Excluidos y la UTEP, y su vínculo personal con Laura Cibelli, activista y referente del MTE en Quilmes, organización que nuclea justamente a los cuidacoches. En términos políticos, sostener la presidencia del bloque después de esa votación implicaba quedar atrapado en una contradicción imposible de administrar sin costos severos en alguno de los dos frentes.

Su renuncia, entonces, funciona como un movimiento táctico. No desafía abiertamente a Mayra Mendoza ni rompe con el espacio, pero se corre del centro de la escena para no quedar pegado a una decisión que tensiona su capital político

En un distrito donde la política se cocina tanto en los despachos como en la calle, el caso deja una advertencia clara: cuando los proyectos chocan de frente con la economía popular, las lealtades se ponen a prueba y no todos pueden sostener el equilibrio sin pagar un precio. En Quilmes, esa factura empezó a llegar.