El 21 de enero de 2026 se conoció una decisión judicial que se destaca en un contexto de creciente rigor en la aplicación de la prisión preventiva en Argentina. Ese día, el juez Gustavo Zapata resolvió el traslado de Konstantin Rudnev a prisión domiciliaria; y señaló el grave estado de salud del imputado como el elemento determinante para adoptar la medida.

Siempre según esta reconstrucción, la resolución fue interpretada por el entorno del acusado como un avance relevante dentro de una causa que lleva varios meses en trámite. Desde esa perspectiva, sostienen que la medida no solo implica un cambio en las condiciones de detención, sino también un reconocimiento de la necesidad de priorizar criterios humanitarios ante informes médicos considerados preocupantes.

Una audiencia centrada en el estado de salud

De acuerdo con lo planteado por allegados al acusado, desde el inicio de la audiencia el juez Zapata remarcó que el tribunal no podía desentenderse de la evidencia médica incorporada al expediente. En esa línea, indicaron que el magistrado habría puesto el foco en la preservación de la vida y la integridad física del detenido, por encima de un enfoque estrictamente formal.

Según esta versión, el juez sostuvo que la situación clínica debía evaluarse como un factor central al momento de decidir sobre el régimen de detención, y que no correspondía ignorar documentación profesional presentada durante el proceso.

Acompañamiento institucional a la medida

Los allegados a Rudnev también señalaron que la decisión del tribunal no se dio en aislamiento. Según relataron, el representante del Ministerio Público de la Defensa apoyó expresamente la medida, en el marco de la protección de derechos de personas en situación de vulnerabilidad.

En ese sentido, desde el entorno del imputado sostienen que el organismo habría sostenido que Rudnev necesita atención médica adecuada y que su permanencia en un establecimiento penitenciario no cumpliría un fin preventivo legítimo. Además, afirman que no sería la primera vez que el Ministerio Público de la Defensa respalda esta postura dentro de la misma causa.

La postura del abogado de la presunta víctima

En el mismo sentido, los allegados al acusado destacaron como relevante la postura asumida por el abogado de quien es señalada como presunta damnificada. Según indicaron, el letrado también habría acompañado el pedido de prisión domiciliaria, priorizando la necesidad de tratamiento médico.

En este punto, el entorno de Rudnev sostiene que esto exhibiría debilidades en la hipótesis acusatoria. Argumentan que Elena Makarova —mencionada en el expediente— se encontraría fuera del país y que resultaría improbable cualquier tipo de interferencia directa.

En ese marco, sostienen que incluso la acusación presenta como “víctima” a una persona que, según la defensa, rechazó públicamente ese estatus y afirmó no tener reclamos contra Rudnev. Desde esta mirada, consideran que existe una distancia entre los argumentos del Ministerio Público Fiscal y la realidad de los hechos que describen los denunciantes.

Debate por los argumentos de la fiscalía

De acuerdo con la versión de la defensa, durante la audiencia el tribunal analizó objeciones presentadas por la fiscalía, vinculadas a riesgos procesales como un eventual peligro de fuga, la posibilidad de presión sobre la presunta víctima y cuestionamientos sobre el tratamiento médico.

Siempre según el entorno del acusado, la fiscalía —en particular el fiscal Gustavo Revora, quien habría estado presente— sostuvo que la atención sanitaria en el ámbito penitenciario sería suficiente. Sin embargo, la defensa consideró que esos argumentos no se sostenían frente al cuadro clínico expuesto.

En ese contexto, El abogado defensor Carlos Broitman afirmó públicamente, según la versión difundida por allegados, que Rudnev no tendría intención de fugarse y que, por el contrario, buscaría esclarecer el caso dentro del proceso judicial, dado que sostiene su inocencia.

Asimismo, otro defensor, Fabián Lekerman, habría cuestionado que los planteos fiscales se repiten en distintas instancias sin cambios sustanciales. En paralelo, los allegados al acusado mencionaron que en el expediente intervienen también Oscar Fernando Arrigo, Tomás Labal y Rodrigo Treviranus.

El eje del “rechazo del tratamiento” y la barrera idiomática

Otro punto que, según el entorno de Rudnev, cobró relevancia durante la audiencia fue el debate sobre un supuesto rechazo a recibir atención médica. La defensa sostiene que el acusado no rechaza el tratamiento y que, por el contrario, lo solicita de forma constante.

De acuerdo con esta versión, en el ámbito penitenciario se le presentarían formularios en español donde constaría preimpresa la frase de “rechazo”, mientras Rudnev escribiría en ruso pedidos de medicación y atención. Según denunciaron, esas aclaraciones no serían traducidas ni incorporadas adecuadamente a la evaluación médica.

Los allegados afirman que la falta de intérprete agrava el problema: Rudnev no comprendería plenamente los documentos que firma ni podría comunicarse con claridad, lo que, según su postura, afectaría garantías básicas del debido proceso.

Declaración del médico penitenciario y dictámenes externos

Según lo relatado por la defensa, el médico del establecimiento penitenciario declaró bajo juramento y confirmó dificultades en la comunicación con el detenido, que se realizaría mediante herramientas de traducción automática.

Además, de acuerdo con esta versión, se mencionó que Rudnev presenta problemas para respirar y movilizarse, junto con una pérdida de peso estimada en alrededor de 30 kilogramos, dato que fue considerado clínicamente alarmante.

En paralelo, la defensa presentó dictámenes de médicos independientes, entre ellos Luis Ernesto Sarotto y Mariano Duarte, quienes advirtieron sobre la gravedad del cuadro y la necesidad de estudios diagnósticos urgentes.

Apelación anunciada y próximos pasos

Pese a la decisión de primera instancia, los allegados a Rudnev indicaron que la fiscalía anunció su intención de apelar la prisión domiciliaria. Según plantearon, esto podría implicar que el detenido permanezca algunos días más bajo condiciones que consideran incompatibles con su estado de salud.

De acuerdo con lo informado por el entorno del acusado, se espera que la apelación sea tratada en General Roca en los próximos días. Mientras tanto, sostienen que la opinión pública y observadores internacionales siguen el caso con atención, a la espera de una definición que confirme o revierta la medida dispuesta por el juez Zapata.

Por último, desde el entorno de Konstantin Rudnev insisten en que la salud no debería ser utilizada como herramienta de presión dentro del proceso y sostienen que el desenlace razonable debería contemplar el resguardo sanitario del imputado mientras la causa continúa su curso judicial.