El abogado Carlos Broitman, representante legal de Konstantin Rudnev, afirmó que el expediente conocido como el de la llamada Secta rusa carece por completo de pruebas que respalden una acusación por trata de personas contra su defendido. En ese sentido, sostuvo que el proceso judicial se construye a partir de información “importada de Rusia sin sustento”. Al mismo tiempo, puso el foco en el serio deterioro del estado de salud del acusado y respaldó la decisión judicial que le otorgó la prisión domiciliaria.

Broitman, quien defiende a Rudnev — ciudadano ruso detenido en Bariloche y señalado como supuesto líder de una organización criminal transnacional —, fue contundente al señalar que la causa “no tiene sustento probatorio” y que la acusación promovida por el Ministerio Público Fiscal “está técnicamente destruida”.

“La causa de fondo está destruida, la hipótesis fiscal está destruida, así se los digo”, expresó el abogado en declaraciones al Noticiero 6 de San Carlos de Bariloche, al referirse al expediente que mantiene a su defendido privado de la libertad desde marzo de 2025.

Según explicó, los elementos incorporados por la fiscalía no guardan relación directa con los hechos investigados. “Han acompañado información que venía de Rusia que no tiene nada que ver con nada”, sostuvo, vinculando ese material con antecedentes del pasado de Rudnev en su país de origen. “Rudnev estuvo 11 años preso en Siberia, en una cárcel de máxima seguridad, con todo lo que eso implica para la salud de una persona”, agregó.

En esa línea, Broitman planteó que el trasfondo del proceso judicial responde a razones religiosas y políticas. “Por sus creencias tuvo muchos seguidores en el mundo, personas vinculadas al yoga, a la naturaleza, a una forma de vida distinta. Para el régimen de Putin y para la Iglesia Ortodoxa eso fue visto como un ataque”, afirmó.

El defensor también cuestionó con dureza que el caso haya sido calificado como una investigación compleja por trata de personas. “Hablaron de un grupo transnacional dedicado a la trata, pero hay una sola presunta víctima que desde el primer día dijo que no era víctima”, remarcó. Y añadió: “Permitieron y consintieron llevar adelante una causa compleja cuando de compleja no tenía absolutamente nada”.

Uno de los ejes centrales de la defensa se refiere a las inconsistencias en los testimonios iniciales. “Las mismas enfermeras y obstetras reconocieron que mintieron”, aseguró, en relación con la atención médica brindada a una mujer rusa embarazada. “Le dijeron que no podía sacar a su hijo del hospital si no venía el padre o no presentaba documentación. Eso es falso. En los últimos tres años hubo 23 mil mujeres rusas que tuvieron a sus bebés en Argentina”, explicó.

Cómo se armó la causa contra los ciudadanos rusos

En relación con las imputaciones formales, Broitman fue categórico: “Armaron una hipótesis de una organización criminal transnacional dedicada a la trata de personas, secuestro de chicos, lavado de dinero, tráfico de estupefacientes. Todo eso se cayó”.

Como ejemplo, mencionó el supuesto secuestro de pastillas de cocaína durante los allanamientos. “A la postre no eran pastillas de cocaína, eran medicamentos de venta libre”, indicó. También negó la existencia de pedidos de captura internacional: “Dijeron que tenía pedido de captura de Montenegro y Montenegro manifestó que no había nada”.

El abogado sostuvo que la prisión preventiva se sostiene únicamente sobre un supuesto riesgo de fuga, argumento que rechazó de plano. “La presunción de inocencia no se rompe. Lo tienen preso porque dicen que tiene capacidad de escaparse, pero lo que él quiere es demostrar su presencia”, afirmó.

En paralelo, volvió a advertir sobre el delicado estado de salud de Rudnev y defendió la prisión domiciliaria otorgada por el juez. “En un año esto provocó un detrimento gravísimo en su salud”, explicó. “Perdió 50 kilos desde que ingresó al penal”, detalló.

Según indicó, Rudnev presenta “principio de fibrosis pulmonar”, hemorragias internas persistentes y un cuadro digestivo severo. “Hace seis meses tiene diarrea con sangre y no pudieron hacerle ni una videocolonoscopía alta ni baja”, denunció. “No tienen los medios para atenderlo dentro del penal”.

Broitman señaló además que incluso los peritos del Ministerio Público coincidieron en la necesidad de una internación adecuada. “El juez dijo que tenía que ir a un lugar que esté dentro de la campana de tiempo para llegar a un centro de alta complejidad. Eso no existe en Chubut ni en Bariloche”, explicó.

Frente a ese escenario, fue tajante: “Si esta persona se muere, no hay juicio”. Y cuestionó la apelación presentada por la fiscalía: “Yo les pregunté si querían que se muera”.

Por último, defendió la posibilidad de implementar control electrónico en el marco de la prisión domiciliaria. “El diagnóstico para ponerle el brazalete es óptimo, es apto”, sostuvo. “El Estado argentino no puede decir que no puede controlar a una persona enferma en un domicilio”.

La definición final sobre la prisión domiciliaria quedará ahora en manos de la Cámara, mientras la defensa insiste en que la causa “se cae por sus propios medios” y que el proceso judicial avanza sin pruebas firmes que lo sostengan.