Un nutrido grupo de organizaciones junto a decenas de personas se dieron cita, entre ellas la Corriente Clasista y Combativa de Quilmes-Berazategui-Varela, jubilados del MIJP-CCC , Movimiento Ni Un Pibe Menos por la Droga, Partido Comunista Revolucionario de Quilmes-Berazategui-Varela y su Juventud Comunista Revolucionaria, la Comisión de Mujeres QBV, la Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista, Agrupación Docente Azul y Blanca en Suteba Quilmes, Centro Cultural "El Galpón", entre otras.

En el acto, las oradoras fueron Lidia Braceras, dirigente histórica de la Agrupación docente Azul y Blanca, ex secretaria general de SUTEBA Quilmes; Gladys de la Comisión de Mujeres de Quilmes-Berazategui-Varela y Cristina Cabib, presidenta de la Comisión de Homenaje a Madres de Plaza de Mayo de Quilmes. Las palabras centrales giraron en torno a denunciar que la reforma laboral del gobierno no genera empleo, sino que recorta derechos, convocando  a movilizarse el próximo 10 de febrero para impedir esta legislación regresiva; a la vez que se presentaron los preparativos para una nueva movilización por los 14 años del femicidio de Natalia López y por la Emergencia en Violencia hacia las mujeres el 20 de febrero, convocando a participar de las actividades preparativas.

En las palabras de cierre, Cristina Cabib advirtió que, a 50 años del golpe de Estado de 1976, el gobierno de Javier Milei avanza en el desmantelamiento de las políticas públicas de derechos humanos y en un discurso negacionista del terrorismo de Estado. Señaló la degradación de la Secretaría de Derechos Humanos, los despidos, el vaciamiento de los sitios de memoria y el retiro de las querellas estatales en los juicios por crímenes de lesa humanidad.

Además, cuestionó a Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel por relativizar la lucha por memoria, verdad y justicia y por reivindicar la llamada “lucha contra el terrorismo”, lo que —según afirmó— busca justificar la represión actual. En ese marco, reclamó la apertura de todos los archivos de la dictadura, el fin de la impunidad y cárcel común y perpetua para los genocidas, y convocó a seguir levantando las banderas de los 30.000 detenidos desaparecidos.