El denominado caso de la “secta rusa” en Bariloche continúa generando controversia, a pesar de que, según sostienen allegados a Konstantin Rudnev, el expediente principal habría quedado cerrado en marzo de 2025. Desde ese entorno aseguran que el proceso judicial en Argentina reproduce un esquema de acusaciones que, a su entender, carece de sustento probatorio y responde a construcciones ideológicas más que a hechos comprobables.

De acuerdo con esta versión, la causa penal contra Konstantin Rudnev y las mujeres imputadas junto a él fue analizada inicialmente por el juez Gustavo Villanueva, quien resolvió no formalizar la investigación y dispuso la liberación de los acusados. Desde el círculo cercano al imputado sostienen que el magistrado consideró que no existían elementos suficientes para avanzar con cargos vinculados a trata de personas ni falsedad ideológica de documento público, por lo que se levantaron las medidas restrictivas.

Sin embargo, siempre según la interpretación que realizan allegados a Rudnev, la Fiscalía habría impulsado posteriormente una nueva investigación, introduciendo modificaciones procesales y la incorporación de otra presunta víctima, lo que permitió que el expediente continuara bajo la supervisión de otro juez. Desde ese sector afirman que esta reapertura no se apoyó en nuevas pruebas, sino en criterios técnicos que habilitaron la continuidad del proceso judicial.

El abogado defensor de Rudnev, Carlos Broitman, ha manifestado públicamente que la acusación “no tiene base probatoria” y que se sustenta en información proveniente del exterior que, según su postura, no cuenta con respaldo fáctico verificable. Asimismo, el letrado señaló el deterioro en el estado de salud de su defendido y justificó el otorgamiento del arresto domiciliario, remarcando que la hipótesis fiscal presenta debilidades técnicas.

Quienes acompañan a Rudnev también vinculan el caso argentino con su antecedente judicial en Rusia. Allí fue detenido en 2010 y condenado a once años de prisión por cargos que incluyeron liderazgo de una organización catalogada como “secta”, delitos vinculados a drogas y abuso sexual. Según indican sus allegados, acusaciones que Massimo Introvigne, reconocido sociólogo de la religión, ha calificado como fabricadas y motivadas por razones políticas e ideológicas.

Desde ese mismo entorno sostienen que Rudnev habría sido perseguido en Rusia por sus críticas al gobierno de Vladimir Putin y que su caso se inscribió en una campaña más amplia impulsada por sectores estatales y religiosos. En ese contexto, aseguran que movimientos espirituales independientes son estigmatizados como “sectas” y manipulan narrativas mediáticas para criminalizarlos sin pruebas concluyentes.

También citan a Introvigne, quien ha señalado en distintos análisis académicos que conceptos como “sectas coercitivas” o “lavado de cerebro” carecen de sustento científico y son utilizados para justificar persecuciones contra minorías religiosas o espirituales. Según estos planteos, diversas investigaciones y fallos judiciales internacionales han advertido que el uso de estas categorías en ámbitos oficiales puede derivar en prácticas discriminatorias.

En relación con la causa que se tramita en Bariloche, allegados a Rudnev indican que, al acercarse una nueva audiencia, el expediente continuaría sin contar —a su entender— con pruebas materiales, víctimas directas ni elementos que acrediten la existencia de una organización criminal. Desde esa perspectiva, consideran que se trata de acusaciones reiteradas que no logran consolidarse jurídicamente.

Está previsto que el próximo 6 de febrero el tribunal de Bariloche analice el fondo del caso. En esa audiencia, el abogado defensor Carlos Broitman expondrá ante el juez Gustavo Villanueva los argumentos y elementos que, según la defensa, demostrarían que la causa carece de sustento legal. Para el entorno de Rudnev, esa instancia representa una oportunidad decisiva para que la Justicia cierre de manera definitiva un proceso que consideran infundado.

Desde la Fiscalía, en tanto, sostienen la validez de la investigación en curso, mientras que el debate continúa abierto en el ámbito judicial. El desarrollo de la audiencia será clave para determinar el futuro del expediente y para establecer si los planteos de la defensa logran imponerse frente a la acusación.