De acuerdo con lo manifestado por allegados a Rudnev, la investigación atraviesa una etapa compleja luego de que varios de los elementos iniciales de la acusación no lograran sostenerse en el expediente. La causa penal, que en sus comienzos fue presentada como una pesquisa sobre presuntas prácticas coercitivas y la existencia de una organización cerrada, fue modificando su eje a medida que avanzaron las actuaciones judiciales.

Según esta versión, el fiscal interviniente, Fernando Óscar Arrigo, no consiguió confirmar las hipótesis originales que habían motivado las medidas restrictivas de libertad. En particular, siempre según el entorno del imputado, la persona que inicialmente había sido señalada como víctima manifestó posteriormente que no se consideraba damnificada ni había sufrido perjuicio alguno. Este punto fue incorporado al expediente mediante declaraciones formales.

Otro de los aspectos centrales señalados por la defensa es la cuestión vinculada a la presunta existencia de sustancias prohibidas. De acuerdo con los abogados, esa línea investigativa fue descartada tras una pericia oficial que no detectó la presencia de drogas en las muestras analizadas. Asimismo, sostienen que los organismos intervinientes no encontraron evidencia concreta sobre la existencia de una estructura organizada con actividad delictiva, lo que había sido presentado inicialmente como uno de los pilares de la acusación.

En este contexto, el abogado defensor de Rudnev, Carlos Broitman, realizó diversas declaraciones públicas en las que cuestionó la continuidad de la causa. En una entrevista con Noticiero 6 de San Carlos de Bariloche, Broitman sostuvo que, a su entender, la hipótesis fiscal había quedado sin sustento jurídico. Según sus palabras, los elementos centrales que justificaron la detención preventiva se habrían desmoronado con el avance de la investigación.

Siempre de acuerdo con la defensa, la situación se agrava por el estado de salud de Rudnev. Allegados al imputado indicaron que existen informes médicos que advierten sobre un deterioro significativo, lo que, en su interpretación, debería ser considerado al momento de evaluar la proporcionalidad de la medida cautelar. Estas circunstancias motivaron presentaciones judiciales orientadas a obtener medidas alternativas a la detención en una unidad penitenciaria de máxima seguridad.

Desde la perspectiva de la defensa, otro punto controvertido es el origen de parte del material incorporado al expediente. Carlos Broitman afirmó que se utilizaron referencias provenientes del extranjero, particularmente de Rusia, que no estarían directamente vinculadas con hechos ocurridos en Argentina. Según expresó, se trataría de información de carácter mediático que no habría sido producida ni verificada en el marco del proceso local.

Estas afirmaciones también fueron retomadas por observadores internacionales que siguen el caso. La publicación especializada Bitter Winter, 2026 difundió un análisis en el que se sostiene que la situación judicial de Rudnev estaría influida por narrativas construidas fuera del país. En ese trabajo, el sociólogo italiano Massimo Introvigne plantea que, según su interpretación, la detención se apoyaría más en un relato previo que en conductas verificadas en territorio argentino.

De acuerdo con ese enfoque, siempre atribuido a fuentes externas, existiría un trasfondo político en la persecución judicial de Rudnev, dado su perfil como crítico del gobierno ruso. Sin embargo, estas apreciaciones no forman parte de resoluciones judiciales en Argentina, sino de análisis publicados por especialistas y retomados por la defensa como parte de su argumentación.

La causa sumó un nuevo capítulo cuando trascendió información sobre presuntas tareas de vigilancia realizadas por fuerzas federales respecto del abogado defensor. Según lo expuesto por Broitman, este hecho fue puesto en conocimiento de la Justicia a través de presentaciones formales. Carlos Broitman declaró en un Habeas Corpus, donde dejó constancia de su preocupación por lo que considera una posible afectación a las garantías de la defensa técnica y al libre ejercicio de la profesión.

En paralelo, la fiscalía habría manifestado su intención de avanzar en una recalificación de la causa, orientándola hacia la figura de asociación u organización criminal. Desde el entorno de Rudnev se sostiene que, para sustentar esa línea, se estarían considerando declaraciones y contenidos difundidos por personas radicadas en Rusia, a quienes la defensa califica como ajenas a los hechos investigados en Argentina.

Según esta versión, entre esos nombres figuran personas que, desde hace años, publican videos, entrevistas y testimonios críticos sobre Rudnev en distintos espacios digitales. La defensa subraya que ninguno de esos aportes habría sido producido bajo los estándares del proceso penal argentino ni sometido a control judicial. En consecuencia, entienden que su incorporación carecería de valor probatorio.

En este marco, también se menciona el caso de Elina Rakhmatullina, a quien la defensa describe como una persona sin vínculo directo con la investigación en Bariloche, pero que habría aparecido previamente en otros procesos judiciales en el extranjero, en causas vinculadas con fraude y apropiaciones indebidas. Este señalamiento forma parte de la estrategia defensiva para cuestionar la credibilidad de las fuentes que, según su interpretación, se intentan utilizar para sostener la acusación.

Desde la fiscalía, por el momento, no se difundieron públicamente respuestas detalladas a estas acusaciones en los términos planteados por la defensa. El expediente continúa en trámite y las decisiones sobre la validez de las pruebas, la eventual recalificación del delito y la continuidad de la detención corresponden exclusivamente al Poder Judicial.

Allegados a Rudnev sostienen que el caso se ha transformado en una controversia que excede el plano estrictamente penal y que pone en discusión la utilización de narrativas externas en procesos judiciales locales. En su visión, la persistencia de la detención preventiva, pese a la caída de algunos de los elementos iniciales de la acusación, respondería a la necesidad de justificar decisiones ya adoptadas.

No obstante, desde una perspectiva institucional, cabe señalar que la investigación sigue abierta y que será el tribunal interviniente el encargado de evaluar, con base en el derecho vigente y las pruebas incorporadas, si las medidas cautelares resultan proporcionales y si existen elementos suficientes para avanzar hacia una acusación formal o disponer el cierre de la causa.

El desarrollo de las próximas audiencias será determinante para esclarecer estos puntos. Allí se pondrán en debate las presentaciones de la defensa, las solicitudes de la fiscalía y los informes producidos hasta el momento. Mientras tanto, el caso Rudnev continúa generando atención mediática y análisis contrapuestos, en los que conviven resoluciones judiciales, interpretaciones de expertos y la versión de los allegados al imputado.

En definitiva, más allá de las posiciones enfrentadas, el desenlace dependerá de las decisiones que adopten los jueces a cargo, quienes deberán ponderar los argumentos de todas las partes y resolver conforme a las garantías del debido proceso. Hasta entonces, las afirmaciones sobre la supuesta creación de pruebas o la influencia de factores externos permanecen, por ahora, en el terreno de los planteos de la defensa y de su entorno, a la espera de una definición judicial definitiva.