El área de Zoonosis de la Municipalidad de Quilmes llevó adelante un impactante operativo en un templo umbanda de la calle Bernardo de Irigoyen, donde rescató más de 40 animales que se encontraban en pésimas condiciones sanitarias, hacinados y sin alimentación.

La intervención se originó a partir de imágenes aportadas por una vecina, que daban cuenta de la presencia de animales dentro del predio. A partir de esa denuncia, se dio intervención a la Policía y a la Justicia. Zoonosis radicó la denuncia en la comisaría correspondiente y la fiscalía interviniente dispuso una orden de allanamiento con el objetivo de secuestrar a los animales.

Durante el procedimiento, los agentes constataron un escenario crítico: gallinas, cerdos, ovejas y cabras convivían en espacios reducidos, sin condiciones mínimas de higiene ni acceso adecuado a alimento. Además, se encontraron animales muertos y otros visiblemente decaídos, que, según se presume, iban a ser sacrificados.

El caso no era nuevo para las autoridades. Según trascendió, en 2024 ya se había registrado un episodio en el mismo lugar, cuando un animal en estado agonizante fue retirado del predio y trasladado en el baúl de un automóvil, lo que había generado alarma entre los vecinos.

Con la orden judicial en mano, se procedió al secuestro de todos los animales presentes, que fueron retirados del lugar con la colaboración de la Fundación Planeta Vivo, encargada del traslado y tránsito. Actualmente, profesionales veterinarios se encuentran realizando informes individuales para evaluar el estado de salud de cada ejemplar.

Fuentes del operativo indicaron que los responsables del templo intentaron justificar la presencia de los animales amparándose en la libertad de culto. Sin embargo, desde Zoonosis se les explicó que la legislación nacional de protección animal y las normativas sanitarias vigentes prevalecen por sobre cualquier práctica religiosa. En ese sentido, remarcaron que está prohibido faenar animales en domicilios particulares y mantener ganado en zonas urbanas, lo que constituye no solo una infracción administrativa sino también un posible delito penal.

El procedimiento dejó al descubierto una grave situación de maltrato animal y posibles delitos sanitarios, por lo que la investigación continúa en manos de la Justicia. No se descartan imputaciones para los responsables del lugar. Desde el Municipio señalaron que este tipo de intervenciones continuarán ante cualquier denuncia, con el objetivo de garantizar el bienestar animal y el cumplimiento de la ley.