Paula de Luque, la fiscal a cargo de la causa, explicó que la investigación preliminar se extendió durante varios meses e incluyó numerosas medidas de prueba, entre ellas la declaración de la víctima en Cámara Gesell, pericias informáticas y el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados.

Detalló en ese sentido que el imputado, desde el partido de Quilmes, había contactado a la adolescente por WhatsApp, canal a través del cual generó un vínculo de confianza. En ese contexto, le enviaba dinero a cambio de imágenes de visualización única que ella le remitía. 

Cuando el hombre comenzó a solicitar imágenes de mayor contenido sexual la víctima se asustó y cortó el vínculo. Luego de ello sus padres advertieron las transferencias de dinero que había recibido. La Fiscalía indicó que pudo corroborar que las erogaciones de dinero provenían de dos cuentas bancarias registradas a nombre del imputado.

El segundo hecho atribuido surgió como consecuencia de la investigación iniciada por la denuncia del padre de la adolescente. Durante el allanamiento realizado en el domicilio del acusado, en la provincia de Buenos Aires, se secuestraron diversos dispositivos electrónicos. Del análisis pericial efectuado sobre dos de ellos surgió que el imputado habría descargado desde la aplicación Telegram imágenes y videos con representaciones sexuales explícitas, muchas de ellas protagonizadas por niñas, niños y adolescentes.

Como sustento de la formulación de cargos, la Fiscalía mencionó las actas que acreditan las edades de la víctima y del imputado, el resultado del allanamiento y el secuestro de dispositivos electrónicos, los informes elaborados por la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones del Ministerio Público (OITel), la declaración de la adolescente en Cámara Gesell y el informe psicológico realizado sobre esa entrevista entre diversa evidencia incorporada durante la investigación.

Durante la audiencia, la Defensa Pública ejercida por María Paz Alvares no formuló objeciones a la teoría del caso y coincidió con la Fiscalía en que ambos hechos sean investigados por el Poder Judicial de Río Negro, aun cuando el segundo de ellos tuvo lugar en la provincia de Buenos Aires, por encontrarse estrechamente vinculado con la investigación originaria. 

El juez de Garantías Juan Brussino tuvo por formulados los cargos y dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por el término de cuatro meses.