Después de casi dos años de juicio, la Justicia Federal condenó a 25 personas por integrar una estructura que, según quedó acreditado durante el debate, utilizaba recursos y facultades del Estado para intervenir ilegalmente en el negocio del narcotráfico. Entre los condenados hay 19 expolicías bonaerenses, dos abogados y otros cuatro civiles.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de San Martín impuso penas de hasta 17 años de prisión y determinó que las maniobras investigadas no constituyeron hechos aislados de corrupción, sino un entramado organizado que incluyó procedimientos fraguados, falsificación de documentos públicos, extorsiones, cobro de coimas y apropiación de estupefacientes para su posterior comercialización.

Uno de los principales episodios analizados durante el juicio fue conocido como “Leones blancos” y tuvo como escenario una quinta perteneciente al denominado clan Loza, ubicada en Moreno. El 29 de diciembre de 2013 se realizó allí un procedimiento que posteriormente fue considerado fraguado. En el operativo se informó el secuestro de casi media tonelada de cocaína, aunque la investigación determinó que una cantidad sustancialmente mayor había sido apropiada por integrantes de la organización policial.

De acuerdo con la acusación, parte de la droga fue trasladada hacia Santa Clara del Mar para ser comercializada en distintos puntos de la costa bonaerense, mientras que otra cantidad tenía como destino el comercio internacional. La droga sustraída fue valuada en entre 2,6 y 2,8 millones de dólares.

Por este episodio fueron condenadas 13 personas, diez de ellas vinculadas a la entonces Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Quilmes. En esa dependencia se habían confeccionado las actuaciones falsas que dieron origen al procedimiento en Moreno.

Entre las penas más elevadas por este caso se encuentran las impuestas a integrantes de la estructura jerárquica de aquella delegación, que recibieron condenas de hasta 14 años y 6 meses de prisión. Otros exintegrantes de la dependencia fueron condenados a 11 años, mientras que también hubo penas de tres años en suspenso y dos años y seis meses en suspenso para otros involucrados, además de inhabilitaciones especiales para ejercer cargos públicos.

La investigación también permitió reconstruir otros episodios en los que integrantes de distintas reparticiones policiales habrían extorsionado a personas investigadas por narcotráfico, exigido dinero para evitar procesos penales y confeccionado actuaciones falsas. En estas causas fueron condenadas otras 12 personas, en su mayoría exintegrantes de la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de San Isidro.

La máxima pena de todo el juicio, de 17 años de prisión, recayó sobre quien se desempeñaba como responsable de esa repartición. La Justicia lo consideró autor y coautor de distintos delitos vinculados con falsificación de documentos públicos, extorsiones y organización de una asociación ilícita.

Otros exintegrantes de la delegación recibieron penas de 14, 12, 9 y 8 años de prisión, entre otras condenas. También fueron alcanzados por las sentencias integrantes de otras dependencias policiales, entre ellas una subdelegación de Drogas Ilícitas de San Miguel y una delegación de Lomas de Zamora.

El tribunal también condenó a dos abogados a penas de prisión en suspenso y dispuso su inhabilitación para ejercer la profesión durante cuatro años. Otro civil recibió dos años de prisión en suspenso por un hecho vinculado con el pago de coimas.

La acusación fiscal sostuvo que el entramado descubierto iba mucho más allá del beneficio económico individual. Según planteó durante el juicio, desde estructuras creadas para combatir el narcotráfico se habría llegado a intervenir directamente en ese mercado ilegal, seleccionar quiénes serían perseguidos penalmente, permitir que determinadas organizaciones continuaran operando y obtener beneficios económicos a partir de esas maniobras.

El fiscal general Marcelo García Berro, junto con los auxiliares fiscales Guillermo Silva y Mercedes Soiza Reilly, también señaló durante el debate la presunta participación de otros actores que no fueron juzgados en este proceso.

En ese sentido, la fiscalía apuntó contra el exfiscal provincial Claudio Scapolan, quien se desempeñaba en la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas de San Isidro y fue destituido en 2023. Aunque no estuvo acusado en este juicio, el Ministerio Público Fiscal solicitó que se remitan actuaciones a la etapa de instrucción para que sean incorporadas a las investigaciones que ya se encuentran en curso sobre su actuación y la de otros posibles responsables.

El tribunal hizo lugar al planteo y ordenó comunicar el veredicto y sus fundamentos, que serán conocidos el 7 de octubre, a distintos organismos nacionales y bonaerenses, entre ellos el Ministerio de Seguridad de la Nación, el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad bonaerense, la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado y la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico.

La causa comenzó a debatirse en octubre de 2024 y se extendió durante casi dos años. La fiscalía destacó que uno de los principales desafíos consistió en conectar pruebas provenientes de diferentes expedientes y jurisdicciones para reconstruir un patrón de funcionamiento que durante años había permanecido fragmentado.

Durante su alegato, que se extendió por cuatro jornadas, los fiscales remarcaron que no se trataba simplemente de policías corruptos ni de irregularidades aisladas, sino de prácticas organizadas y sostenidas en el tiempo. Según la hipótesis acusatoria, integrantes de la fuerza utilizaron las facultades otorgadas por el Estado para prevenir y perseguir delitos con una finalidad completamente opuesta.

El caso “Leones blancos” había sido anulado en 2016 por el Tribunal Oral Federal N°5 de San Martín, decisión que posteriormente fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal. La anulación derivó en la liberación de los acusados que habían quedado involucrados en aquel procedimiento.

La fiscalía también destacó durante el juicio el trabajo realizado por la Comisión Provincial por la Memoria, que intervino inicialmente como querellante hasta que fue apartada por la Cámara Federal de Casación debido a una cuestión vinculada con su legitimación procesal. Durante el debate, un representante del organismo describió patrones que históricamente habían sido detectados dentro de la Policía bonaerense, entre ellos allanamientos ilegales, prueba fraguada, detenciones arbitrarias y extorsiones.

Finalmente, el tribunal absolvió a otras seis personas que habían llegado a juicio. Los fundamentos completos de la sentencia se conocerán el próximo 7 de octubre, fecha en la que quedará detallado el razonamiento de los jueces sobre cada una de las condenas y absoluciones.

El fallo representa una de las investigaciones judiciales de mayor alcance sobre presuntas estructuras de corrupción vinculadas con dependencias policiales dedicadas a combatir el narcotráfico en el conurbano bonaerense y vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de las delegaciones antidrogas de Quilmes y San Isidro durante el período investigado.