El hecho se inició cuando el letrado detectó una serie de movimientos y operaciones que no había autorizado y que habían provocado un importante vaciamiento de sus productos financieros. Al advertir la maniobra, realizó de inmediato la correspondiente denuncia penal.

La investigación quedó en manos de la UFI N° 1 del Departamento Judicial Quilmes, a cargo del fiscal Ariel Rivas, que intervino para determinar el recorrido que había seguido el dinero sustraído.

A partir de las primeras medidas investigativas, los pesquisas lograron reconstruir la ruta de los fondos y disponer el congelamiento de los activos que habían sido desviados. Con esa información, el Ministerio Público Fiscal solicitó formalmente al Juzgado de Garantías la restitución del dinero a la víctima.

Finalmente, el juez Marcelo Goldberg convalidó las actuaciones realizadas durante la investigación y ordenó que la totalidad de la suma recuperada fuera devuelta a su legítimo propietario.

El caso vuelve a poner en escena el crecimiento de las estafas virtuales y los ciberdelitos, modalidades que en los últimos años incorporaron herramientas y mecanismos cada vez más sofisticados para acceder a cuentas bancarias y productos financieros.

La rápida denuncia de la víctima, el rastreo de los fondos y la intervención coordinada entre la fiscalía especializada y el Juzgado de Garantías resultaron determinantes para lograr recuperar el dinero y evitar que la maniobra terminara con la pérdida definitiva del patrimonio afectado.

Fuente: DataJudicial