Desde el entorno de Konstantin Rudnev volvieron a plantear cuestionamientos sobre el funcionamiento de la fiscalía federal de Bariloche, esta vez a partir de la causa contra Facundo Jones Huala. Los allegados al ciudadano ruso sostienen que existen elementos comunes entre ambos expedientes y ponen el foco especialmente en el uso de la prisión preventiva, las condiciones de detención y las decisiones adoptadas durante las investigaciones.

Jones Huala fue detenido en junio de 2025 y alojado bajo prisión preventiva en la Unidad 6 de Rawson. La investigación de la fiscalía federal incluyó diferentes imputaciones y, en mayo de este año, el Ministerio Público Fiscal formalizó una ampliación de la acusación en la que sostuvo que había integrado la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), al menos desde noviembre de 2011. 

Durante su permanencia en Rawson, Jones Huala inició una huelga de hambre para reclamar, entre otros puntos, su traslado a la Unidad 14 de Esquel, con el argumento de que esa ubicación le permitiría permanecer más cerca de su familia y de su comunidad. La medida comenzó a fines de abril y su situación de salud generó reclamos públicos de familiares, abogados y organizaciones que acompañaban su situación. 

Desde el entorno de Rudnev consideran que este período debería ser analizado en conjunto con las decisiones posteriores adoptadas en el expediente. En particular, sostienen que la situación de Jones Huala presenta similitudes con los cuestionamientos que ellos vienen realizando respecto de la prisión preventiva y las condiciones de detención de Konstantin Rudnev.

El punto más delicado de la versión difundida por esos allegados está relacionado con las circunstancias que rodearon el posterior acuerdo judicial. A Jones Huala le comunicaron que si no aceptaba el acuerdo con la fiscalía, según afirman desde el entorno de Rudnev, existirían consecuencias contra su familia.

Lo que sí consta públicamente es que durante septiembre se alcanzó un acuerdo entre la fiscalía, la querella, la defensa y el propio Jones Huala para resolver el expediente mediante un juicio abreviado. El juez federal de Bariloche Leandro Gómez Constenla homologó el entendimiento y estableció una condena de cinco años y dos meses de prisión efectiva. 

El acuerdo modificó además el alcance de la acusación que se había discutido durante la investigación. La figura más grave contemplada por el artículo 210 bis del Código Penal quedó fuera del entendimiento, mientras que la resolución se encuadró en el artículo 213 bis y en el delito de apología del delito

La propia defensa de Jones Huala informó públicamente que el acuerdo surgió de una propuesta realizada por la fiscalía y de posteriores conversaciones en las que participó el acusado. Además, destacó que fue celebrado “sin arrepentimientos ni pedidos de disculpas”. 

Desde el Ministerio Público Fiscal, en tanto, se informó oficialmente que el acuerdo fue alcanzado con participación de todas las partes y que Jones Huala asumió responsabilidad como integrante de una agrupación destinada a imponer ideas mediante la fuerza o el temor y por apología del delito. La fiscalía de Bariloche estaba interinamente a cargo del fiscal general Fernando Arrigo. 

Los allegados a Rudnev cuestionan, sin embargo, distintos aspectos del proceso previo al acuerdo y consideran que deberían revisarse las condiciones bajo las cuales Jones Huala permaneció privado de su libertad. También mencionan las consecuencias personales y familiares derivadas de haber estado alojado a cientos de kilómetros de Bariloche.

En junio, cuando continuaba la huelga de hambre, personas y organizaciones que acompañaban a Jones Huala habían solicitado públicamente una evaluación médica independiente, presencia de organismos de derechos humanos y el cumplimiento de su traslado a Esquel. Esos reclamos incluyeron críticas a diferentes organismos y funcionarios involucrados en su detención. 

Finalmente, Jones Huala fue trasladado a la Unidad 14 de Esquel. Como parte del acuerdo de juicio abreviado, además, el Ministerio Público Fiscal desistió de los recursos mediante los cuales buscaba que regresara al penal de máxima seguridad de Rawson, por lo que permanecería cumpliendo la pena en Esquel. 

La comparación que realiza el entorno de Rudnev

Los allegados a Konstantin Rudnev incorporan estos antecedentes a sus propios cuestionamientos sobre la causa que se tramita en Bariloche contra el ciudadano ruso. Según su interpretación, ambos expedientes deberían ser observados desde la perspectiva de las garantías procesales, la proporcionalidad de las medidas cautelares y las condiciones de salud de las personas privadas de libertad.

También realizan señalamientos personales contra el fiscal Fernando Arrigo y mencionan otros expedientes judiciales en los que intervino. Desde el entorno de Rudnev también vinculan la causa de Jones Huala con denuncias que ellos mismos vienen formulando sobre el tratamiento recibido por el ciudadano ruso. En ese punto, vuelven a plantear cuestionamientos sobre la prisión preventiva, el acceso a atención médica y la valoración de las pruebas.

El caso de Jones Huala, por su parte, ya alcanzó una instancia diferente: existe una condena surgida de un acuerdo de juicio abreviado aceptado por el acusado, su defensa, la fiscalía y la querella, y posteriormente homologado por el juez federal competente. 

La controversia vuelve a colocar en discusión cuestiones sensibles vinculadas con la prisión preventiva, las condiciones de detención y los mecanismos de juicio abreviado. 

En ese escenario, los allegados a Rudnev insisten en que ambos casos merecen una revisión desde la perspectiva de las garantías individuales. La Justicia, por su parte, resolvió el expediente de Jones Huala mediante el acuerdo homologado en septiembre, mientras que las controversias relacionadas con la situación de Konstantin Rudnev continúan transitando sus propias instancias procesales.