Una importante investigación judicial permitió desbaratar una presunta organización delictiva dedicada a brindar servicios médicos de manera irregular en distintos municipios del Conurbano bonaerense. La estructura tenía su centro de operaciones en Florencio Varela y utilizaba ambulancias que no reunían las condiciones necesarias, además de emplear a personas que se hacían pasar por profesionales de la salud sin contar con los títulos o matrículas correspondientes.

El procedimiento incluyó un total de 37 allanamientos realizados en Quilmes, Berazategui, Avellaneda, Lomas de Zamora, La Plata, Tres de Febrero y la Ciudad de Buenos Aires. Como resultado, nueve personas quedaron detenidas y otras 20 fueron aprehendidas, mientras que los investigadores secuestraron vehículos, documentación y una importante cantidad de elementos vinculados con la actividad médica.

La causa comenzó en enero de este año, cuando se iniciaron distintas tareas de inteligencia para determinar el funcionamiento de una red que ofrecía servicios de ambulancias, atención domiciliaria y traslados de pacientes hacia hospitales y centros de salud. Con el avance de las pesquisas, surgieron indicios de que parte de esas prestaciones eran facturadas sin haberse realizado o habían sido efectuadas por personas que no estaban autorizadas para ejercer la medicina.

Uno de los aspectos más preocupantes de la investigación es que la organización habría conseguido contratos para prestar servicios tercerizados a afiliados de distintas obras sociales, entre ellas PAMI, IOMA y Osuthgra. A través de esas contrataciones, los involucrados habrían obtenido importantes ingresos mediante prestaciones sanitarias presuntamente fraudulentas.

Para llevar adelante las actividades, la banda utilizaba camionetas identificadas como ambulancias, pero que solo habían sido acondicionadas parcialmente para cumplir esa función. En muchos casos, los traslados y las atenciones estaban a cargo de personas que se presentaban como médicos o enfermeros sin contar con la formación profesional o las matrículas exigidas por la legislación vigente.

Esta situación no solamente representaba una maniobra económica irregular, sino que también ponía en riesgo la salud de los pacientes. La Justicia investiga si algunas de las personas atendidas fueron captadas mediante engaños y si determinadas intervenciones realizadas por los falsos profesionales pudieron haber provocado complicaciones o agravado enfermedades preexistentes.

La estructura habría estado encabezada por una pareja, integrada por una persona de nacionalidad peruana y otra argentina, mientras que otros integrantes cumplían diferentes funciones dentro del esquema. También se investiga la participación de una contadora pública que habría intervenido en las operaciones financieras de la organización.

Otro de los puntos centrales de la causa involucra a profesionales de la salud que sí contaban con matrículas habilitantes, pero que presuntamente facilitaban sus datos personales, sellos y números de registro a cambio de dinero. De esta manera, la organización podía confeccionar historias clínicas, emitir recetas y respaldar diagnósticos con la identidad de médicos que no necesariamente habían participado de las consultas.

En paralelo, los investigadores detectaron posibles maniobras destinadas a introducir las ganancias obtenidas en el circuito económico formal. Para ello se habrían utilizado empresas ficticias, sociedades comerciales, contratos simulados y documentación contable adulterada. También se analiza si existieron irregularidades en la obtención de habilitaciones ante organismos de control.

La investigación demandó varios meses de trabajo e incluyó la intervención de 13 líneas telefónicas, de las que se obtuvieron más de 30.000 horas de escuchas. A partir de ese material, sumado al análisis de antenas de telefonía y herramientas de geolocalización, fue posible reconstruir movimientos, identificar domicilios y establecer los principales puntos de funcionamiento de la organización.

Con los elementos reunidos, la Justicia autorizó los 37 procedimientos simultáneos en distintos distritos, incluidos varios domicilios de Zona Sur. Durante los allanamientos fueron secuestradas siete ambulancias, motocicletas, autopartes, 57 teléfonos celulares, dos computadoras y una gran cantidad de documentación.

Entre los elementos incautados también había 22 sellos médicos, otros 65 correspondientes a instituciones sanitarias, 22 talonarios de recetas, cinco formularios de evaluación médica y un sello perteneciente a una contadora. Además, se encontraron estetoscopios, instrumental quirúrgico, uniformes y diferentes insumos utilizados para realizar prestaciones de salud.

Durante las tareas de inteligencia surgieron, además, referencias a la posible existencia de armas de fuego, estupefacientes y herramientas utilizadas para el desguace de vehículos en algunos de los domicilios investigados, aunque esos elementos forman parte de otras líneas de análisis dentro de la causa.

La investigación se encuentra a cargo del fiscal Darío Provisionato, con intervención del juez de Garantías Marcelo Villagra. El expediente está caratulado como asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina por préstamo de nombre y usurpación de títulos y honores.

Por estas horas, la Justicia continúa trabajando para determinar las responsabilidades individuales de los involucrados, establecer el alcance económico de las maniobras y comprobar si existen otros integrantes de la organización que todavía no fueron identificados.

El caso también volvió a poner en discusión los controles sobre las empresas que ofrecen servicios de emergencias médicas y atención domiciliaria, especialmente cuando trabajan mediante contrataciones tercerizadas. En ese sentido, las autoridades recuerdan que los pacientes pueden consultar la habilitación de los profesionales a través del Buscador Nacional de Profesionales de la Salud, que reúne información de los registros oficiales de matrículas.